El documento comienza señalando que “Desde la Multisectorial por los Derechos Humanos de Río Grande y todas las organizaciones que la componen y adhieren, expresamos nuestra rotunda negativa a la adhesión al Régimen de Incentivos a las grandes Inversiones o RIGI y pedimos al Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los municipios de las ciudades de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin y a los cuerpos legislativos, que rechacen dicho régimen que generaría la entrega de nuestra autonomía, sociocultural, ambiental, geográfica y política”.

Luego se indica que “Cuando el 12 de junio del corriente año fue aprobada la Ley Bases en el Congreso Nacional, paquete de leyes que no cumple con los procedimientos básicos constitucionales para modificar una ley, se incluyó de manera solapada una bomba de tiempo contra los derechos de la ciudadanía, el territorio nacional y sus recursos naturales, el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones o RIGI, como se da a conocer para cubrir y desviar del verdadero significado y objetivo que se busca con él”.

“El RIGI es una de las máximas expresiones de quita de derechos para cada una de las comunidades humanas y de todas las especies que habitamos el territorio argentino, es la creación de un régimen de privilegios para grandes empresas nacionales y extranjeras”, señala el texto.

Más adelante, dice que “El Gobierno nacional y los gobiernos provinciales que adhieren al RIGI, nos presentan este régimen como una promesa salvadora de buen desarrollo ocultando que con este otorgan a las grandes empresas privilegios tributarios, cambiarios, aduaneros y seguridad jurídica a cambio de los derechos laborales, ambientales, sociales, culturales, la regulación y los controles estatales que son entendidos en la lógica neoliberal como obstáculos”.

“En este régimen los derechos se consideran costos a eliminar, estas empresas incentivadas y protegidas por el RIGI son las que realizan actividades económicas extractivas, pertenecientes a los sectores de hidrocarburos, minería, agronegocio que vacían los territorios de recursos, generan grandes emisiones de gases de efecto invernadero y graves conflictos socio ambientales”, expresaron desde la Multisectorial.

Advirtiendo que “El RIGI NO garantiza la generación de empleo genuino, la estabilidad laboral, la producción local de insumos o maquinarias ni el compre nacional, no garantiza el abastecimiento interno, ni la regulación de precios ya que limita al estado en la intervención, tampoco genera más riqueza material, en general este tipo de modelo productivo que profundiza privilegios y desigualdades quita derechos colectivos, atenta contra la calidad de vida, avasalla la estructura política federal, coarta la aplicación de la leyes laborales y ambientales, blinda los proyectos de inversión y da beneficios hechos a la medida de las empresas extractivas”.

“Adherir al RIGI implica renunciar a la autonomía de la provincia, no se podrá aplicar o generar nueva legislación que interfiera en los proyectos financiados por dicho régimen, se generará una suerte de discriminación en cuanto a los beneficios y subsidios en detrimento de las empresas ya existentes que desarrollan sus actividades bajo la ley 19.640 de promoción industrial y los trabajadores serán quienes sufrirán inestabilidad laboral y pérdida de sus puestos de trabajo, además la reducción tributaria y estabilidad fiscal por 30 años que se otorga implica un subsidio de toda la población a las empresas beneficiarias”, expresaron.

En otro tramo, dicen que “hay que tomar en cuenta que el RIGI es parte integral del plan general de entrega del gobierno del ultraderechista Milei, que viene de la mano de la reforma laboral y quita de todo tipo de derechos para los y las trabajadoras. Mientras se ajusta brutalmente al pueblo con tarifazos impagables, se le veta un ínfimo aumento a los y las jubiladas, se intenta vetar el financiamiento a las universidades y para ello aumenta la represión y persecución duplicando el presupuesto 2025 para la SIDE: por otro lado, se le baja impuestos a los ricos, y todo tipo de beneficios impositivos a las grandes empresas. Todo al servicio del pago de la deuda externa al FMI”.

“Los recursos no renovables, aquellos que no abundan, esos que son esenciales para vivir, los que se encuentran en el centro de políticas de justicia social, que vemos cómo a través de las distintas gestiones se convierten en herramientas de poder. Esos recursos que implican una responsabilidad con las generaciones venideras, nunca deben quedar en manos de intereses particulares, porque son bienes comunes, de interés colectivo, que deben ser utilizados cuidando el ambiente y los ecosistemas preexistentes y por eso siempre deben ser administrados por las comunidades que habitan los territorios”, señalan.

Agregando que “Por estos motivos, desde la Multisectorial de Derechos Humanos, expresamos nuestro más profundo rechazo a los intentos ya expresados por parte del bloque libertario de la Legislatura, de dirigentes y legisladores oficialistas del gobierno provincial de impulsar la adhesión de la provincia a este régimen de entrega. Como así también a la votación de concejales y concejalas de Ushuaia, promocionando una herramienta similar para la capital provincial. En este último caso, exigimos además el inmediato veto por parte del intendente Walter Vuoto, para tal Ordenanza”. “No al RIGI de Milei. No a la adhesión al RIGI en Tierra del Fuego AeIAS. Inmediato veto para el ReMIP, votado en el Concejo Deliberante de Ushuaia”, concluye el comunicado de la Multisectorial de Derechos Humanos riograndense.