María Meza, dirigente de Izquierda socialista, comenzó advirtiendo que “La reciente sanción de la ordenanza municipal que establece el Régimen Municipal de Iniciativa Privada (ReMIP) es un atentado contra el desarrollo económico soberano de nuestra provincia. El Concejo Deliberante de Ushuaia ha dispuesto la adhesión lisa y llana al Régimen de incentivo de grandes inversiones (RIGI) nacional y su reglamentación, contemplado en la ley Bases”.

Luego repasó que “en un tratamiento express sobre tablas, votaron por su aprobación la mayoría de los concejales del PJ y Juntos por el Cambio: Nicolas Pelloli (PJ), Yésica Garay (PJ), Laura Ávila (PJ), Gabriel de la Vega (PJ), pero también los ediles de Melella, Fernando Oyarzún (Forja), Analía Escalante (Forja) y Belén Montes de Oca (Juntos por el Cambio). El voto opositor fue de Vladimir Espeche (MOPOF), Valert Tavarone (Somos Fueguinos) y Daiana Freiberger (PJ)”.

“Que FORJA haya votado a favor no es casual, ya que, hace tres semanas, el legislador Federico Greve (FORJA), titular de la Comisión de Legislación General Nº 1, convocó a través de la Dirección de Comisiones de la Legislatura provincial a una reunión donde abordaron el proyecto de Ley que crea el Régimen Provincial de Iniciativa Privada”, expresó la dirigente de izquierda.

Señalando que “quieren hacer lo mismo que en toda la provincia”, mencionó que “tampoco es casual el proyecto Fenix, a 60 km de la costa Rio Grande, con una inversión de 700 millones de dólares, que sacará 10 millones de m3 por día, y que invirtieron 240 millones, el 35%, ya que, el RIGI, ideado por (el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico) Sturzenegger, el ministro que vino a “dinamitar” el estado, según indicaciones de (l presidente Javier) Milei, beneficia a las grandes empresas nacionales y extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. Las libera del pago de impuestos, las exime del pago de derechos de exportación durante 3 años, de importación de bienes de capital, repuestos e insumos, les otorga estabilidad impositiva y aduanera por 30 años y el derecho a la remisión de sus ganancias al exterior. Pueden invertir en cualquier sector y no tienen obligación de recurrir a proveedores locales ni agregar valor en el país”.

Meza señaló que, dichas políticas, “lejos de favorecer la economía de la isla o de crear puestos de trabajo, como argumentan los diputados y medios de prensa que lo aprueban, el régimen propuesto significará una avanzada en la expoliación de nuestros recursos naturales, ¿la pesca?, ¿la extracción de petróleo offshore? ¿la instalación de empresas de tecnología digital que consumen altos niveles de energía y agua? Desconocemos las empresas concretas detrás del proyecto, ni las promesas de beneficios particulares a sus promotores locales”, señaló.

Pero igualmente aseguró que “las inversiones bajo este régimen no dejarán beneficios a la isla. Además de endeudarnos y no pagar impuestos, provocarán la pérdida de puestos de trabajo de las pequeñas y medianas empresas que quebrarían frente a la competencia desigual sin siquiera promover la economía local ya que podrán importar todo lo que inviertan, capital, insumos y repuestos. Tampoco tienen prioridad de inversiones según las necesidades locales de desarrollo económico o beneficio para la población, ya que la decisión de dónde invertir es a libre albedrío de la empresa que lo haga”.

Finalmente, expresó que “La ordenanza para el municipio de Ushuaia, que es la capital y tiene el puerto, afectará por efecto cascada sobre el conjunto de la isla significando un atropello a la población toda y un desmembramiento de su soberanía frente a los grandes capitales extranjeros”. “Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda llamamos a repudiar lo votado, a resistir su aplicación, así como cualquier intento de extender una sanción similar en el resto de los municipios y la legislatura provincial. Por eso le exigimos al intendente (Walter) Vuoto que vete esa nefasta ordenanza”, concluyó María Meza.