Desde la asociación ambientalista Mane´kenk , emitieron un documento al respecto, donde señalan que “El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), parte del proyecto de Ley Bases en debate en el Senado argentino, ha generado un amplio debate debido a sus potenciales implicancias económicas, ambientales y sobre la soberanía provincial en la gestión de recursos naturales”.

Luego hacen referencia a “Beneficios Económicos y Fiscales” y bajo dicho subtítulo expresan que “El RIGI tiene como objetivo atraer grandes inversiones, al ofrecer diversos beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. Estos incluyen la exención de derechos de importación y tasas de estadística para bienes de capital, repuestos y componentes destinados a nuevos proyectos. Además, las empresas pueden disponer libremente de un porcentaje creciente de las divisas generadas por sus exportaciones: 20% en el primer año, 40% en el segundo y 100% a partir del tercer año”.

Después subtitulan “Críticas y Controversias”, refiriéndose al impacto en la industria nacional, donde dicen que “Desde el sector industrial, se han levantado voces críticas argumentando que el RIGI podría fomentar una competencia desleal con la industria nacional. Las empresas acogidas al régimen tendrían ventajas significativas en costos de importación y beneficios fiscales que no están disponibles para las compañías locales, lo que podría perjudicar especialmente a las PyMEs”.

En otro tramo, hablan sobre las implicaciones ambientales y dicen que “Diversas ONGs han expresado su preocupación por los efectos ambientales del RIGI. Estas organizaciones advierten que el régimen facilita la operación de empresas extractivas con menos restricciones, lo que podría llevar a la degradación de ecosistemas y afectar recursos hídricos esenciales. Además, señalan que los privilegios otorgados a estas empresas van en detrimento de las políticas ambientales provinciales y los compromisos climáticos asumidos por Argentina ante organismos internacionales bajo formato de Convenios que tienen jerarquía superior a la de la ley”.

Igualmente, indican que algunas críticas específicas incluyen: “Flexibilización de Normativas Ambientales: El RIGI considera lo ambiental como un costo a minimizar, lo que podría llevar a una flexibilización de las regulaciones ambientales existentes. Esto significa que las empresas beneficiarias del régimen podrían operar con menos restricciones ambientales, incrementando el riesgo de contaminación y degradación de los ecosistemas, afectando recursos esenciales”.

Respecto del acceso al agua, señalan que el RIGI “podría garantizar a las empresas mineras y de fracking acceso irrestricto al agua, incluso en situaciones donde las provincias intenten regular o limitar su uso para proteger a la población y el medio ambiente. Esto plantea un serio riesgo de sobreexplotación de los recursos hídricos”.

En otro orden, menciona el documento sobre “Extranjerización y soberanía” que “Al facilitar inversiones extranjeras sin restricciones significativas, el RIGI podría aumentar la cantidad de tierra y recursos naturales en manos de capital extranjero. Esto no solo reduce el control provincial sobre estos recursos, sino que también debilita la soberanía nacional”.

En relación a la soberanía provincial, el texto de Mane´kenk indica que “El RIGI podría debilitar la autonomía de las provincias sobre la gestión de sus recursos naturales. La Constitución Argentina establece que las provincias son responsables de administrar sus recursos, pero el régimen permitiría que la justicia federal intervenga y anule normativas locales que contradigan sus beneficios. Esto podría limitar la capacidad de las provincias para regular el uso de recursos críticos como el agua, fundamental para actividades como la minería y el fracking”.

También se refieren a la extranjerización de tierras, mencionando que “Otro aspecto preocupante es la posible exacerbación de la extranjerización de tierras y recursos naturales. Al facilitar inversiones extranjeras sin restricciones significativas, el RIGI podría aumentar la cantidad de tierra y recursos controlados por capital extranjero, reduciendo aún más el control provincial y nacional sobre estos activos”.

Como conclusión, desde la asociación ambientalista manifestaron que “Mientras que el RIGI busca fomentar grandes inversiones en Argentina, plantea serios desafíos en términos de competencia industrial, impacto ambiental y soberanía provincial sobre los recursos naturales. Las provincias podrían ver significativamente reducida su capacidad para administrar estos recursos de manera autónoma y sostenible, enfrentando mayores riesgos de sobreexplotación, conflictos legales y agotamiento de los recursos sin percibir compensación alguna”.