De la reunión participaron los legisladores Federico Sciurano, Laura Colazo, Natalia Belén Graciania, Juan Carlos Pino, Raúl Von Der Thusen y Pablo Villegas, integrantes de la comisión; y los legisladores Tomás García, Andrés Lechman y Gisela Romina Dos Santos.

Desde el gremio señalaron que “Esta normativa tiene el objetivo de acompañar nuevos parámetros, rígidos, inamovibles, básicos e indispensables para la determinación en la ley de presupuesto de los recursos patrimoniales que el Estado provincial deba afectar para financiar el sistema educativo provincial, es decir que el presupuesto deberá estar integrado por partidas presupuestarias que aseguren: La remuneración de un cargo docente testigo o el equivalente a 21 hs. cátedra y/o todo el escalafón docente deberá ser igual o superior al valor de la canasta básica informada por el INDEC”.

También se refieren a la “Inversión para favorecer el acceso igualitario a la educación y formación en nuevas tecnologías, igualando un piso suficiente de integración de la mochila pedagógica en orden a bienes tecnológicos, socio comunitarios, culturales, así como también un programa de becas, acceso a laboratorios, asegurando un acceso pleno e igualitario hacia la formación”.

El proyecto igualmente avanza sobre el “Mantenimiento, refacción y mejora de los establecimientos educativos públicos; adquisición y/o construcción de nuevos establecimientos educativos y/ anexos de modo que aseguren un crecimiento de vacantes en un 5% anual sobre el crecimiento vegetativo esperado”.

Vale mencionar que, según expresaron desde el sindicato docente “SUTEF entregó un pormenorizado relevamiento del sistema educativo de la provincia: cantidad de estudiantes que asisten a las instituciones; cantidad de estudiantes que asisten a los comedores escolares; cantidad de cargos sin cubrir; problemática habitacional; cantidad de estudiantes con becas de ayuda Económica; estado edilicio de más de 90 instituciones; y grilla salarial”.

El secretario general de SUTEF, Horacio Catena, planteó que “Desde hace años no hay una agenda que atienda de manera integral las necesidades de la comunidad educativa fueguina”. Además, explicó la importancia de “establecer objetivos pedagógicos para nuestra provincia, afirmando que es necesario discutir los salarios de las trabajadoras y trabajadores de la educación; la cantidad de cargos sin cubrir, vinculado con el extractivismo turístico y la especulación inmobiliaria que desplazan y expulsan familias de la provincia; los altos niveles de sobrecarga laboral y el trabajo oculto; la inversión necesaria por estudiante ; el acceso a la educación en término de becas estudiantiles, el tipo de comedores y qué alimentación necesita el estudiantado; y la inversión en infraestructura”.

“Acá estamos discutiendo si queremos vouchers educativos, como plantea el gobierno nacional, o si de una vez por todas, vamos a discutir qué modelo de provincia y educación y popular queremos para nuestras pibas y nuestros pibes”, afirmó Horacio Catena.

Por su parte Jorge Enciso, secretario de Planificación Educativa Provincial del SUTEF, respaldó el anteproyecto analizando la estructura del sistema educativo de la provincia y la infraestructura escolar-curricular, explicando cómo “las condiciones materiales y la formación docente son dos componentes inseparables para una política educativa integral”.

Igualmente, se acompañó el anteproyecto de ley con diferentes medios de financiación que asegure la sostenibilidad presupuestaria y fiscal de la propuesta, con un criterio progresista y de estricta justicia en la recaudación y distribución de recursos de la provincia.

Asimismo, el secretario General de SUTEF manifestó la importancia de “poner en funcionamiento el Consejo Provincial de Educación contemplado en la Ley Provincial de Educación, pero este debe ser de carácter resolutivo y no consultivo, permitiendo realmente la integración de toda la comunidad educativa”.

En ese mismo sentido, destacó que “el anteproyecto de ley va en esa dirección. Por ejemplo, la comunidad a partir de ese Consejo podría saber cuánto se invierte en las instituciones educativas, la responsabilidad de si están abiertas las instituciones ya no es del equipo directivo o la docencia podría opinar sobre cómo se contrata la mejor forma de mantenimiento edilicio”, concluyeron desde el sindicato docente.