En septiembre del año pasado, se dio inicio a una causa que involucraba a Walter López, una persona que se encuentra privada de su libertad, en la Unidad de Detención de Río Grande, junto con Juan José Grahl, un cabo del Servicio Penitenciario, por el supuesto ingreso de drogas a la cárcel riograndense. La investigación se basaba, exclusivamente, en una captura de pantalla donde se hablaba de la supuesta intención de concretar el ingreso de droga a la Unidad. Sin embargo, del preso ni siquiera aparecía su nombre en el intercambio y nunca se encontró droga, en los allanamientos y las requisas realizadas.

A López, le secuestraron la computadora con la cual cursaba sus estudios, en una universidad privada que paga su familia, y no le permitían el ingreso de una nueva computadora “hasta tanto no se resuelva la situación judicial” del otro equipo. Luego de muchas gestiones y reclamos, finalmente se le permitió el ingreso de otra computadora, pero la situación generó un perjuicio concreto en los estudios de Walter López.

Además, la noticia tuvo amplia repercusión en su momento en las crónicas policiales, donde se hablaba de la supuesta complicidad entre ambos para ingresar droga que nunca fue encontrada, tal como lo verificó y confirmó la propia Justicia Federal luego de meses de investigación.

En ese sentido, la Resolución firmada por la jueza federal, Mariel Borruto, indica que “La presente instrucción estuvo encaminada a determinar, a través de las medidas probatorias desplegadas, la posible comisión de actividades tipificadas en la Ley 23.737.

No obstante, de los diversos informes anexados (como ser: Legajo de Grahl, los libros de guardia y de visita, el Legajo de Ejecución de López, informes de requisas de López, declaraciones testimoniales y pericia informática, entre otros), no se lograron obtener elementos que permitieran acreditarlo.

Solamente se hallaron capturas de pantalla, donde surge la propuesta de hacer pasar sustancia estupefaciente a la Unidad Penitenciaria a cambio de una suma de dinero. Sin embargo, no se logró corroborar que dicha circunstancia haya ocurrido. En este sentido, no se secuestró sustancia estupefaciente en poder de los imputados, ni conversaciones más allá de las que surgen de la denuncia, inherentes a esa situación, por lo que no se comprobaron conductas encuadradas en la ley de estupefacientes (…)”, remarca el escrito.

Cómo consecuencia del inicio de esta causa, que fue impulsada por las autoridades del Servicio Penitenciario y la Unidad de Detención Uno de ese momento, el cabo Grahl fue separado de su puesto de trabajo, al cual aún no retornó, aunque también la justicia provincial, en la persona del juez Raúl Sahade, desestimó la posibilidad de avanzar con actuaciones en contra de López y Grahl, con la venia del propio fiscal Ariel Pinno.

Cabe ahora preguntarse, después del escrache público y de las medidas que afectaron personal, laboral, económicamente y en la continuidad de los estudios, según el caso, a Walter López y Juan José Grahl, quien reparará los daños provocados y si habrá reparación alguna para ellos.