El escrito se titula “Carta a la comunidad fueguina” y señala que “A través de esta carta, nosotros, los detenidos de la Alcaidía de Ushuaia y la Unidad N°1 de Río Grande, queremos expresar nuestro repudio y poner en conocimiento público la inacción por parte de los miembros con cargos en el Comité de Prevención contra la Tortura de la provincia y los organismos gubernamentales de derechos humanos”.

Luego señalan que “Nuestra intención es manifestar nuestra preocupación por la falta de compromiso y negligencia de los funcionarios encargados de proteger nuestros derechos fundamentales. Esperábamos que aquellos con responsabilidades, como los son los integrantes del Comité de Prevención Contra la Tortura, los abogados de derechos humanos, los magistrados del Poder Judicial, los legisladores y los funcionarios del ejecutivo como parte de esta estructura, actuaran como garantes de nuestros derechos”.

“Sin embargo, hemos sido testigos de una serie de acciones y omisiones que van en contra de los principios más básicos de respeto y dignidad. En primer lugar, nos preocupa profundamente la presencia de estos funcionarios en los centros de detención, ya que parecen estar más interesados en hacer política o publicidad en redes sociales, que en cumplir con su deber de proteger nuestros derechos. Es evidente que su falta de experiencia y conocimiento en la materia ha generado un ambiente de desatención y desinterés hacia nuestra situación”, expresa el escrito.

Advirtiendo luego que “Además, algunos de ellos ni siquiera se presentan en las alcaidías o los conocemos personalmente, solo los conocemos por la cantidad de publicaciones en Instagram que muestran una realidad muy alejada de la verdad solo se hacen presentes empleados legislativos. Además, nos enfrentamos a condiciones de vida inhumanas debido a la falta constante de elementos básicos de higiene. Es inaceptable que se nos niegue acceso a artículos esenciales para mantener nuestra limpieza y salud, especialmente considerando que algunos internos padecen enfermedades contagiosas como el VIH y la tuberculosis. Esta situación pone en peligro nuestra integridad física y emocional, y nos hace sentir tratados como seres inferiores y de poco valor”, remarca la nota.

La carta, que firman personas privadas de la libertad de la Unidad de Detención Uno de Río Grande y de la Alcaidía de Ushuaia, manifiesta igualmente que “Otro aspecto que nos preocupa es la falta de herramientas educativas y espacios para el aprendizaje. No contamos con cuadernos ni lápices para poder estudiar y mejorar nuestras habilidades, lo cual limita nuestras posibilidades de reintegración en la sociedad. Además, la ausencia de sillas y mesas adecuadas tanto para estudiar como para recibir a nuestros seres queridos durante las visitas impide el mantenimiento de los vínculos familiares, que son fundamentales para nuestra rehabilitación”.

En otro tramo indican que “Por si fuera poco, la falta de camas adecuadas es un problema constante en las alcaidías. Nos vemos obligados a dormir en condiciones precarias, sin el descanso adecuado y sin un lugar apropiado para reponer nuestras energías. Esta situación afecta nuestra salud física y mental, y va en contra de los estándares mínimos de dignidad que deberían garantizarse en estos lugares. Además, la falta de asistencia psicológica es permanente, lo cual agrava aún más nuestra situación”.

“También nos resulta indignante que el gobierno destine recursos para traer a personas de otras provincias para charlas que nunca se implementan por ninguno de los funcionarios que intervienen, mientras nosotros carecemos de lo más básico. Es indignante que se invierta en convenciones, pasajes y estadías para visitantes externos, mientras nosotros nos encontramos en condiciones precarias y desprovistos de elementos esenciales para nuestra dignidad”, remarcan.

En el tramo final, dicen que “Por todo lo expuesto, hacemos un llamado a la comunidad para que se informe sobre estos actos y conozca nuestro repudio. Exigimos que se tomen medidas inmediatas para abordar estos problemas, garantizando la designación de funcionarios con cargos de responsabilidad competentes y comprometidos con los derechos humanos, así como personal penitenciario sin causas penales, como el jefe de guardia interna de la alcaidía de Rio Grande, que nos han informado que insulta y maltrata al personal femenino frente a los internos, y ha sido denunciado por violencia de género y acusado de pedirle el dinero de los recargos a los agentes nuevos o los oficiales que utilizan las cocinas como restaurantes privados”.

“Asimismo, solicitamos el suministro regular de elementos básicos de higiene, materiales y espacios educativos como también camas adecuadas para los detenidos. Sería también beneficioso que el Sr. Gobernador evaluara la situación, ya que entendemos que si se destinara el dinero de los sueldos de algunos de estos funcionarios que nada hacen por los derechos humanos, podría destinarse para insumos e infraestructura, lo cual sería mucho más beneficioso y productivo que la situación actual, ya que son muchos sueldos para cargos y funciones que no se llevan adelante”, aseguran las personas privadas de su libertad.

Para concluir, dicen que “Es hora de que se escuche nuestra voz y se tomen acciones concretas para rectificar esta situación. Nuestros derechos y nuestra dignidad deben ser respetados, y confiamos en el apoyo y solidaridad de la comunidad para lograr un cambio real, ya que la mayoría aquí adentro quiere cambiar y mejorar su vida, sin olvidar que nadie está exento de las rejas. Atentamente, los detenidos de la Alcaidía de Ushuaia y la Unidad N°1 de Río Grande”, concluye la dura carta.