La decisión del Superior Tribunal de Justicia obedece a la Acordada N° 221 /2023 y allí se expresa que “En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 18 días del mes de octubre del año dos mil veintitrés, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Dres. Carlos Gonzalo Sagastume, Ernesto Adrián Lóffler, María del Carmen Battaini, Javier Darío Muchnik y Edith Miriam Cristiano, bajo la presidencia del primero de los nombrados”.

Luego se expresa en la resolución de los magistrados que “Considerando que la situación macroeconómica actual obliga a preservar las remuneraciones del personal dependiente de este Poder Judicial compensando la pérdida del poder adquisitivo del salario, con miras a sostener el normal funcionamiento de la administración de justicia, todo ello de acuerdo con las atribuciones y deberes que la constitución asigna a este Tribunal (arts. 144 y 156)”.

Más adelante, la acordada menciona que “producto del análisis de la realidad macroeconómica y propia de este Poder Judicial, se juzga procedente establecer un adicional remunerativo y bonificable del quince por ciento (15%) sobre el Sueldo Básico y Complementario a partir del 1° de octubre del corriente año, para todos los niveles de la escala salarial vigente”.

Teniendo en cuenta, además, que “se cuenta con el crédito presupuestario en la partida correspondiente conforme a las Acordadas N°66 y 175/2022, mediante las cuales se formuló el proyecto de Presupuesto de Recursos y Gastos de este Poder Judicial para el ejercicio 2023, que fuera aprobado por Ley Provincial N° 1465”.

Por ello, los jueces del superior Tribunal de Justicia dispusieron “Otorgar un adicional remunerativo y bonificable del quince por ciento (15%) sobre el Sueldo Básico y Complementario, para todos los niveles de la escala salarial vigente, a partir del 1° de octubre del corriente año”, finaliza el texto, con el cual se destrabó el conflicto salarial otorgando el aumento, que se efectivizó este mes, luego de varias medidas de fuerza implementadas en conjunto por el SEJUP y la UEJN.