Los equipos directivos de estos establecimientos han informado las desobligaciones como paro, cuando desde el gremio señalan que “ello es falso”, y que se hizo “perjudicando a la docencia que sufrió descuentos ilegales que generan inestabilidad económica y dificultades para cubrir necesidades básicas. La gravedad de lo denunciado tiene que ver con informar docentes en paro, cuando, conforme fuera explicado, dichos docentes no han sido convocados ni han incurrido en medidas de acción directa (huelga y/o paro)”, señalaron desde el sindicato docente.

Luego manifestaron que “Estas prácticas antisindicales y persecutorias consisten en registrar a cada docente que, en el ejercicio legítimo de sus derechos sindicales, participan de asambleas informativas, desobligaciones y otras actividades sindicales (no medidas de fuerza) que no afecta el cumplimiento del calendario escolar ni los requisitos de las leyes nacionales para el dictado de clases”.

En el mismo sentido, expresaron desde el SUTEF que “Estos equipos directivos van en contra de toda la normativa nacional e internacional general, así como las indicaciones específicas que realizó el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, en un caso análogo al analizado, al Ministerio de Educación de la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS”.

“Es innegable que en la actualidad vivimos un proceso económico de clara depreciación del salario, de dificultades en el acceso a la cobertura de vivienda y canasta básica con el salario docente. Un proceso que se va agravando día a día y que coloca a la clase trabajadora, en este caso a la docencia, en la necesidad de estar organizados, agrupados e informados del estado de situación de la organización, del colectivo y de cada uno de los docentes”, expresa el mismo texto.

Advirtiendo, además, que “Los equipos directivos que denunciamos no dudan en incurrir en conductas absolutamente inconstitucionales y persecutorias que avasallan y buscan el disciplinamiento de la docencia que ejerce legítimamente sus derechos”.

“Desde SUTEF se solicitó que se instruyan los expedientes correspondientes y de acuerdo a lo normado por las leyes Nro. 90 y 424, se intime a los denunciados a dejar sin efecto las órdenes impartidas que han sido objeto de denuncia y se dispongan las sanciones correspondientes a los hechos y actos persecutorios denunciados”, remarcaron.

El comunicado, finaliza señalando que “Es trascendental que el límite a las prácticas persecutorias provenga de los resortes institucionales en orden a tal objetivo. Su ausencia o reticencia obligaría al sector a que encuentre a partir de su natural potencialidad el respeto a los derechos individuales y colectivos conquistados”.