El texto de la Multisectorial de Derechos Humanos expresa también que “Una negativa espantosa que enluta la verdad, cubre y oculta los hechos vividos durante la última etapa tenebrosa de la dictadura genocida que asoló la Nación entre 1976 y 1983; la falta de justicia ante las graves violaciones a los Derechos Humanos sufridas por los exsoldados combatientes de Malvinas, a manos de sus superiores; oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que condujeron la guerra de 1982”.

Luego dice que “No bien regresaron de las islas, se los escondió, se los humilló y hasta se los responsabilizó por la derrota. Se los hizo firmar declaraciones juradas para que no hablaran, para que no narraran lo vivido. Se le impuso el silencio y se los intentó –como fue su costumbre-, hacer desaparecer”.

“Se les negó asistencia médica para atender las heridas físicas, se los privó de atención psicológica y se les impidió la merecida necesidad de su reincorporación a la vida democrática y civil del País. Este abandono por parte del Estado derivó en que más de 500 soldados no encontraran otra salida más que la de quitarse la vida”, expresa el documento.

Para luego señalar que “Durante el juicio a la Junta y a los responsables del terrorismo de Estado, nunca jamás se investigó qué habían hecho los mismos genocidas en Malvinas, durante los 74 días que duró la guerra. Por consiguiente, la democracia no se ocupó de saber y conocer cuál fue el comportamiento en la acción militar que desencadenó, sin lugar a dudas de los hechos históricos; el fin de la dictadura”.

“Más aún, cuando asumió a la presidencia Carlos Saúl Menem, su gobierno acordó con Gran Bretaña, no denunciar los crímenes de guerra; los fusilamientos cometidos por las tropas inglesas contra soldados argentinos heridos en combate en la batalla de Monte Longdon, al igual que el hundimiento del crucero ARA General Belgrano, fuera del área de combate o exclusión”, señala el escrito.

Igualmente indica que “Debieron transcurrir unos 10 años, para que recién comenzaran a percibir un miserable beneficio jubilatorio y penosos servicios asistenciales, que no alcanzaron a cubrir ninguna de las necesidades de postguerra de los exsoldados. Todo ello, a pesar de que la Argentina, luego de la Segunda Guerra Mundial; había aceptado hacerse cargo ante los máximos organismos internacionales, de asistir a sus combatientes que participaran de un conflicto armado”.

“Tuvieron que ser los propios soldados quienes luego de 25 años de ocurrido el conflicto bélico del Atlántico Sur, los que denunciaron a sus superiores de las atrocidades vividas durante el conflicto bélico, para que uno de los poderes del Estado, el judicial; escuchara a los excombatientes y abriera una investigación en la búsqueda de la verdad institucionalmente ocultada”, manifestaron desde la Multisectorial de DDHH.

Por otra parte, se manifiesta en el escrito que “Es así que recién en 2007, comenzaron a conocerse –en primera persona- los vejámenes, torturas, imposición de servidumbre, graves heridas y secuelas físicas y psíquicas, violencia por racismo, simulacros de fusilamiento, hambruna, abandono de persona e incluso dos muertes, sufridas por los soldados, en 1982. Torturas que tanto la legislación nacional como la internacional tipifican como Delitos de Lesa Humanidad y que, por lo tanto; no prescriben”.

“Luego de 16 años de la primera denuncia, hoy existen más de 120 oficiales y suboficiales denunciados y 176 excombatientes que se presentaron como testigos, que testimonian los hechos sufridos o presenciados”, remarcan.

Igualmente dicen que “Desde la Multisectorial de los Derechos Humanos, exigimos celeridad en todas las instancias dónde se tramitan las causas en que se denuncian los hechos de tortura a los que fueron sometidos los jóvenes soldados argentinos durante la guerra de Malvinas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

“Las torturas en la guerra, no es una cuestión privativa de los exsoldados combatientes de Malvinas, es un asunto de toda la Nación; lo mismo que los son la desaparición forzada de personas, los centros clandestinos de detención, el secuestro de hombres y mujeres de todas las edades, el robo de niños y niñas, las violaciones a las compañeras, los tormentos sufridos por todos aquellos que fueron víctimas de la dictadura genocida, incluidos los miles y miles de argentinos y argentinas que se vieron forzados a migrar para preservar sus vidas”, mencionan.

Señalando que “Pretender encasillar las crueldades de la guerra a un hecho que solo les incumbe a los excombatientes, es como suponer que la lucha contra el terrorismo de Estado es un asunto exclusivo de las Madres de Plaza de Mayo, de las Abuelas y de los organismos de Derechos Humanos”.

En otro tramo dicen que “Hoy, 41 años después de la guerra de Malvinas a la que nos embarcó como Nación una dictadura genocida, todas estas causas por violaciones a los Derechos Humanos durante la guerra, se encuentran frenadas; no por falta de pruebas, sino por artilugios legales de la burocracia judicial que argumenta, que los hechos denunciados ya prescribieron. Por lo que la última palabra desde 2019, la tiene que dar la Corte Suprema de Justicia de la Nación y aún no se pronuncia”.

“Para que no existan dudas de la verdad que encierran las denuncias de los exsoldados, todos los testimonios han sido corroborados por miles de actas y documentos que fueron encontrados como consecuencia de la desclasificación de los archivos de la guerra en 2015. Todos ellos ratifican las crueldades vividas en la guerra, en todas las unidades militares argentinas que participaron en el conflicto bélico”, expresan.

En el tramo final, dicen que “Por eso, no solo acompañamos el reclamo de los excombatientes, sino que además exigimos celeridad ininterrumpida de todas las causas donde se denuncian los hechos de tortura a los que fueron sometidos los jóvenes soldados argentinos durante la guerra de Malvinas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Justicia; para quienes además de enfrentar al enemigo inglés, fueron víctimas de genocidas y torturadores. La verdad por las crueldades sufridas por nuestros jóvenes de 18, 19 y 20 años, deben salir a la luz. No vamos a dejar solos a los verdaderos héroes y las verdaderas heroínas de la guerra de Malvinas, los únicos y únicas representantes del pueblo que defendieron con convicción y coraje, la soberanía irrenunciable de las Islas Malvinas”, concluye el comunicado.