Malvinas | 14 abr 2023
CECIM LA PLATA
Viaje a Tierra del Fuego contra el nulo avance judicial por las torturas a soldados conscriptos en Malvinas
El próximo miércoles y jueves, una comitiva de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el CECIM (Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas La Plata), estarán presentes en Tierra del Fuego para realizar una serie de actividades públicas tendientes a reclamar el avance de la causa por las torturas en Malvinas durante el conflicto bélico.
En el emblemático Monumento a los caídos en las Islas Malvinas, junto a ex combatientes se relanzará la campaña “Yo también hablo”, para que soldados conscriptos que fueron torturados por sus superiores, y aún no han hablado, denuncien esos crímenes. Durante esos días, se reunirán con el gobernador Gustavo Melella, con funcionarios municipales de Río Grande y solicitarán una audiencia con la jueza federal a cargo de la instrucción Mariel Borruto.
La causa penal por las torturas a soldados conscriptos cometidas por sus superiores durante la guerra de Malvinas tiene 130 imputados y casi un centenar de víctimas; si bien la Corte Suprema de Justicia debe resolver actualmente un recurso sobre la imprescriptibilidad o no de estos crímenes, la Fiscalía Federal de Río Grande viene reclamando nuevas diligencias judiciales que son rechazadas por la jueza Mariel Borruto, bajo el argumento de aguardar la definición de la Corte.
Frente a esta situación de parálisis de la causa penal, más aún sabiendo que el máximo tribunal del país no tiene plazos para emitir sus fallos, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), como querellante institucional, realizará este miércoles y jueves una serie de actividades para exigir el avance de la causa.
La comitiva de la CPM estará integrada por su prosecretario y presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre (APDH) Guillermo Torremare, la protesorera e integrante del Directorio del Espacio para la memoria ex ESMA Ana Soffiantini, el integrante de la CPM y Memoria Abierta Gonzalo Conte, el ex combatiente integrante del CECIM La Plata Ernesto Alonso, el integrante y secretario ejecutivo Roberto Cipriano García y la directora general Sandra Raggio.
Si bien la CPM participa de estas jornadas en su calidad de querellante institucional en la causa, la presencia de estos referentes es una muestra del acompañamiento de los distintos organismos de derechos humanos al reclamo de justicia de los ex combatientes.
En el marco de este viaje, el miércoles por la mañana en Ushuaia la CPM se reunirá con el gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella. Más tarde, con la participación de ex combatientes y organizaciones sociales, políticas y sindicales de la provincia, se realizará un acto público y conferencia de prensa en el Monumento a los caídos en las Islas Malvinas.
Además del reclamo de celeridad en la causa judicial, los ex combatientes también convocarán a la campaña “Yo también hablo”, iniciada en 2021 por la CPM y el CECIM La Plata, con el objetivo de llegar a aquellos soldados conscriptos que fueron víctimas de torturas en las islas y todavía no denunciaron estos hechos.
Ese mismo miércoles a las 15:30, en la sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura, organizado por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina, se proyectará el documental “El viaje”, sobre el histórico viaje de la CPM a las islas en 2017, la primera vez que un organismo de derechos humanos piso suelo malvinense. En ese entonces, como ahora, uno de los objetivos del viaje era instalar el pedido de justicia por las torturas en Malvinas.
Finalmente, el jueves ya en Río Grande, la comitiva de la CPM se reunirá con funcionarios municipales y pedirá una audiencia con la jueza federal Mariel Borruto para señalarle su preocupación por la falta de actividad judicial en la causa y pedir la incorporación de nuevas víctimas de estos hechos.
A pesar de la falta de definición por parte de la Corte, nada impide que la jueza continúe con los llamados a indagatorias, solicitados por la fiscalía y las querellas, o la incorporación de nuevas denuncias. Máxime cuando, por la edad de los victimarios, estas dilaciones pueden garantizar la impunidad biológica.