Ricardo Hernández tiene 48 años y una enfermedad autoinmune progresiva que no tiene cura. Además, tiene una hija de 11 años de la cual está a cargo. Y tiene una madre de 78 años con fractura de cadera a la que cuida. Vive en una casilla instalada en el terreno que su madre posee y no tiene otro recurso de supervivencia que la pensión RUPE y la obra social OSEF, que le corresponde por su condición de pensionado.

En el año 2014, una junta médica que integraba, entre otros, el Dr. Claudio Silvestro, certificó que Ricardo tenía un 70% de incapacidad laborativa. Ese porcentaje le habilitó legalmente la percepción de pensión RUPE y la consiguiente afiliación al IPAUSS (hoy OSEF) que le brindaba la cobertura asistencial en salud.

En el transcurso de este año, Ricardo fue notificado de que debía presentar documentación que acreditara, una vez más, su discapacidad (recordemos que ya se aprobó una Ley Nacional que elimina el requisito de renovación del Certificado Único de Discapacidad para aquellas personas con discapacidades irreversibles).

Por ese motivo, Ricardo realizó la tramitación solicitada cumpliendo los plazos administrativos y, aunque suene asombroso teniendo en cuenta que su enfermedad no sólo es incurable si no que es progresiva, 9 años después la junta médica que lo evaluó determinó que su porcentaje de incapacidad laborativa es del 24,65 %. Mágicamente, la mirada de los médicos evaluadores “curaron” a Ricardo de su enfermedad incapacitante. El mismo Dr. Claudio Silvestro, ahora en condición de Director de Medicina el Trabajo Zona Norte, avala con su firma esta inexplicable “cura”.

Cuando Ricardo reclamó por tal dictamen, en la Dirección de Medicina del Trabajo Zona Norte, le indicaron que debía elevar una nota de “puño y letra” (siendo sus manos las partes de su cuerpo más afectadas por la enfermedad) solicitando un Recurso de Reconsideración que le fue denegado y de lo cual lo notificaron el pasado miércoles 23 de noviembre.

La consecuencia directa de este mamarracho médico y administrativo es que Ricardo pierde su condición de pensionado RUPE y con ello el único ingreso monetario para sostenerse él y su hija, y las prestaciones de la OSEF para sus necesidades médicas.

Como corolario de este accionar, le indican que se dirija a la UATID (Unidad de Atención Integral a Personas con Discapacidad), organismo creado por el actual gobierno provincial y que depende del Ministerio de Salud a cargo de Judith Di Giglio, a fin de que lo orienten sobre cómo tramitar una pensión por discapacidad ante la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad). Es decir, le niegan su incapacidad para darle de baja la pensión del RUPE pero lo derivan a un organismo nacional para que lo pensionen por aquello que le están negando.

Los testimonios que reflejan este accionar por parte de funcionarios del Ministerio de Salud de la provincia son numerosos. Las organizaciones que representan a las Personas con Discapacidad y sus familias hace tiempo que denuncian y reclaman por esto y por la manera despectiva y prejuiciosa con las que son tratados, cuando acuden a las juntas médicas.

Las autoridades del Ministerio de Salud no dan respuesta, no responden los mensajes ni se hacen cargo de lo que sus funcionarios ejecutan.

Es entonces cuando las personas con discapacidad y sus familias se preguntan: ¿Van a seguir descargando el ajuste sobre las personas más vulnerables? ¿Las “mágicas curaciones” responden a una bajada de línea para trasladarle al estado nacional la responsabilidad de asistencia a las personas con discapacidad? Mientras tanto, hay personas con discapacidad a las que les siguen arrebatando derechos y, en ello, a veces se les va la vida.