José Zanpedri, quien se encuentra actualmente a cargo de la Delegación local de la UTA; la choferesa despedida de Citybus, Carina Camacho; su compañero, también despedido, Juan Bozano, y el abogado Paulino Rossi, representante legal del sindicato y de los trabajadores; dieron una conferencia de prensa hoy por la tarde, para referirse al origen del conflicto que tienen con la empresa de colectivos.

Arrancaron señalando que las medidas del fin de semana pasado “vienen desde hace un tiempo atrás, por reclamos salariales y de incumplimientos que viene teniendo la empresa, en un montón de aspectos”, indicó Zanpedri. Asegurando que no se aplica correctamente “la escala, incluso en las últimas paritarias se arregló un montó que tampoco se aplicó. Igualmente el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, por parte de la empresa, con el no pago de horas; el no pago de francos superpuestos y otras cuestiones que hacen que el incumplimiento sea muy importante y por eso, después de agotada la conciliación obligatoria, se tomó la medida del fin de semana”, aclaró el representante gremial.

 

Despidos

 

Además, señaló el representante de la UTA que “en Río Grande, desde hace un tiempo a esta parte, venimos teniendo despidos que se completaron en estos últimos 20 días con 4 compañeros despedidos”, indicó.

Zanpedri dijo que las desafectaciones fueron “por distintos motivos, pero en su mayoría por los reclamos salariales que venimos teniendo”; aunque luego, el Dr. Paulino Rossi, aclararía que la mayoría de los despidos fueron “sin causa justificada”.

Incluso mencionaron que, entre quienes fueron desvinculados de la empresa, se encuentra “la primera choferesa que tuvo la empresa (Carina Camacho), quien por una serie de reclamos que venía haciendo termina con un despido hace un par de meses atrás. Es como toda una cadena de incumplimientos, que nos llevó a tomar la medida de fuerza”, reiteró Zanpedri.

 

El precio de ser mujer

 

Refiriéndose a su situación, la choferesa despedida indicó que, al ser despedida, le “dolió mucho, porque la verdad es que yo solamente reclamaba mis derechos como mujer. No quería un baño para mí sola, quería un baño nada más, no importaba si lo tenía que compartir con mis compañeros. En Chacra VI se pedía prestado un baño, en Obras Sanitarias los chicos nos prestaban el baño a mí y otra compañera. En La Misión tenía que ir al campo, porque la escuela está cerrada los fines de semana”, repasó Carina Camacho.

Pero además mencionó que “los colectivos tienen cámaras, así que tenía que cambiarme entre los asientos porque ellos me miraban por las cámaras, dicho esto por un propio compañero que me manifestó: por favor Carina, acordate de cambiarte entre los asientos porque te miran”, relató. Dijo que eran situaciones que la angustiaban, como el hecho de que la pusieran a trabajar en los últimos turnos; todo como represalia frente a sus reclamos.

La choferesa contó que por eso fue a la secretaria de la empresa a preguntarle se la estaban persiguiendo, llegando al punto de tocar una unidad con otra porque los vidrios estaban muy escarchados, debido a las bajas temperaturas que hubo durante la pandemia, situación por la cual la suspendieron durante 10 días y le descontaron 20 mil pesos “cuando yo cobraba 40 mil, la situación me superaba porque todo el tiempo me amenazaban”, remarcó.

 

El peor aliado

 

Otro que fue apuntado en la conferencia de prensa fue Juan Carlos Cuenca, quien integra la Comisión Directiva de la UTA a nivel nacional, pero según se dijo fue sancionado por la Comisión de Ética del gremio. Incluso se señaló que le suspendieron la licencia gremial y, en la actualidad, el sueldo se lo paga la empresa donde dijeron parece ser “personal jerárquico”.

La choferesa Camacho relató que “este señor Cuenca se aparecía a la noche, de la nada, entraba como si nada a ver si tomábamos mate o qué. Todas situaciones ante las cuales, como mujer, me sentí sola. Respecto de Cuenca, indicaron que “supuestamente era nuestro representante, pero nosotros nunca tuvimos delegado, porque esta persona no quería que tuviéramos delegados porque si no él no podía hacer sus cosas en la empresa”. Incluso detallaron el caso de tres trabajadores que fueron, utilizando “faltas con aviso”, a una capacitación dictada por la propia UTA y transcurridos dos días de haber firmado la empresa tal solicitud les enviaron vía WhastApp  una intimación donde les dijeron que no podían salir de la ciudad. Al retornar de la capacitación, trabajaron dos días y fueron despedidos.

 

La responsabilidad de Angus Cátering

 

A su turno, el Dr. Paulino Rossi comenzó aclarando que “es falso que la justicia haya intimado el día sábado a que se levante la medida o que se hubiese iniciado una acción penal. Yo me hice presente y el señor juez de turno (Daniel Cesari Hernández), con excelente criterio, se acercó y tuvimos un diálogo en el cuál me explicó cuál era la situación. Pero no existió ninguna intimación, sino que por la vía del diálogo se explicó la situación”, remarcó.

Repasó el abogado todas las acciones previas que se fueron tomando, antes de la medida del día sábado, que destacó fue “con buen criterio, porque se buscó un día sábado para que no impacte tanto a la sociedad, sino que se hubiera hecho un día de semana”, advirtió Rossi.   

En otro orden, el letrado mencionó que “hay que poner bien en claro los responsables”, señalando que la firma a la cual pertenece Citybus es Angus Cátering. Sobre dicha firma destacó que “es una empresa que hace muchísimos años está en la ciudad, con una excelente trayectoria, su dueño el señor (Gustavo) González es reconocido como un empresario el transporte público con este nombre de fantasía: Citybus, en un grupo de personas que marcan un desprecio permanente por la ley”, aseguró el abogado.

Mencionando, además, que “a través de acuerdos con quienes eran los representantes sindicales, en su momento, empezaron a generar elementos de presión y nosotros, como estudio jurídico, empezamos a tomar los distintos casos”. Paulino Rossi desestimó que la situación derive de “una interna sindical” y apuntó directamente a la empresa, como responsable de distintas infracciones a la Ley, entre ellas llevar dos años pagando los salarios “en negro”.

Sobre ese punto Rossi indicó que “desde hace más de dos años, la empresa paga hasta un 50% menos de los establecido o de lo que paga en Río Gallegos o lo que se paga en el resto de la Patagonia, por un convenio que está vigente. Pagan el sueldo en negro por el artículo 223 bis, de la época de la pandemia, que decía que las empresas que no podían trabajar pagaban un porcentaje del sueldo y no abonaban aportes y contribuciones, porque no trabajaban. Bueno, la pandemia terminó, pero la empresa sigue pagando los sueldos en negro”, indicó el abogado. Marcando, además, el agravante de que lo hacen cuando cobran importantes subsidios tanto del Gobierno nacional, como del Municipio, cuando con su actitud además perjudican a quienes se jubilan porque no cuentan con los correspondientes aportes.

Vale mencionar, finalmente, que no descartaron quienes estuvieron en la conferencia la posibilidad de reclamar también a la Municipalidad de Río Grande al ser “responsable solidaria”, por las situaciones descriptas.