Si bien trascendió que la medida de protesta estaba relacionada con despidos que se habrían producido en Citybus, la empresa aseveró que fue por “un conflicto interno del gremio de UTA” y señalaron que el mismo mantuvo “en vilo al servicio de transporte público de pasajeros en Río Grande, y tiene como rehenes tanto a los trabajadores como a los usuarios, las víctimas de esta penosa situación”, reprocharon desde la patronal.

Además aseveraron que la protesta fue “encabezada por la persona que perdió en las últimas elecciones a delegados”, insistiendo en señalar que se debió “estrictamente a una interna gremial, siendo un problema ajeno a la empresa”.

Desde la firma Citybus reconocieron que, por esta situación, se radicó una denuncia penal y luego se aguardaban “las actuaciones de las autoridades, con el fin de restablecer el normal funcionamiento del servicio”, dijeron en un comunicado.

Finalmente, en horas de la tarde de ayer mismo, se presentó en el piquete el juez Daniel Cesari Hernández, quien advirtió a los manifestantes que iniciaría actuaciones penales, debido a la interrupción del servicio por la medida de bloqueo. Fue entonces que, quienes sostenían la protesta, resolvieron despejar el portón permitiendo la salida de las unidades, con los choferes que se encontraban esperando para salir a trabajar y normalizar el servicio.