El informe publicado por la Comisión de Discapacidad de la CTA comienza preguntándose “¿Por qué hablamos de ajuste en discapacidad en Tierra del Fuego?”. Después se señala que “cada familia que tenga una persona con discapacidad (PCD) en su seno, está sintiendo en primera persona un brutal ajuste que vulnera, una vez más, sus derechos”.

Más adelante dicen que “El gobierno de Melella que decía horrorizarse ante las medidas del bertonismo, no sólo no derogó ninguna de las normativas que perjudican al sector sino que profundiza su implementación. Así es que sigue vigente la ley 1072 del paquete de leyes del año 2016, pero también reinterpretan la ley de RUPE negando el acceso a nuevas pensiones amparándose en un artículo que establece la evaluación de la capacidad laboral en menores”.

Manifiestan, además, que “Este artículo es por demás tan incongruente, ya que no puede evaluarse la incapacidad laboral mediante un certificado médico obligatorio a menores;  cosa  que los gobiernos anteriores jamás aplicaron, pero llamativamente el gobierno  actual sí lo utiliza y con el inmoral objetivo de negar pensiones por ejemplo a menores con diagnóstico de autismo”.

Señalan, en otro tramo, que “las pensiones RUPE continúan perdiendo poder adquisitivo y no se actualiza el monto de acuerdo a la ley, manteniéndose por debajo de la línea de pobreza en un contexto de crisis económica que afecta particularmente a las estas familias más vulnerables.  La Canasta familiar de discapacidad es aún más cara que la convencional, sumado a que las tareas de cuidado implican que muchas madres, parejas, no puedan trabajar”, expresaron desde la Comisión de Discapacidad.

Luego manifiestan que “Las demoras en el otorgamiento de pensiones superan largamente los 90 días que establece la ley; conocemos casos en los que los trámites se extendieron a un año, aun cuando el peticionante fuera un paciente con enfermedad terminal”, indica el documento distribuido.

Alertando también sobre que “La preocupante falta de empleo golpea doblemente al sector, no hay políticas públicas que fomenten la inclusión laboral y no se cumple con el piso cupo del 4 % que establece por ley el cupo laboral para PCD en el estado. (Nación, provincia y municipios, poderes del estado, entes autárquicos)”.

El texto dice que “Ninguno de las y los egresados de la escuela de formación integral (EDEI) para jóvenes con discapacidad,  en los 12 años que tiene desde su creación, ha logrado conseguir empleo. Cabe destacar que esta institución aún no cuenta con edificio propio y que no se ha puesto en funcionamiento la EDEI en Tolhuin”.

Indicando igualmente que “En contraposición vivimos diariamente la baja de planes redsol a quienes tienen otro ingreso como por ejemplo una pensión nacional por $31.000. La baja de módulos alimentarios y/o viandas es algo corriente, por nombrar sólo algunos recortes que ilustren la gravedad de la situación que literalmente quita el alimento de sus mesas”.

“En salud, el oficialismo ha postergado la presentación de la ley que modifica la obra social, en parte por la rápida reacción de los sectores que defendemos los intereses de las y los trabajadores y de las organizaciones que nuclean a PCD y seguiremos exigiendo nuestro derecho de acceso a la salud”, remarcan desde la Comisión.

Después expresan que “No hace falta profundizar en el desastre que provoca  el ajuste en OSEF,  con o sin ley siguen creándose mecanismos burocráticos cuyo resultado es siempre la "baja de coberturas" en tratamientos y medicamentos, las dificultades que enfrentan las familias al momento de buscar farmacias, profesionales médicos, acompañantes terapéuticos y cuidadores domiciliarios; es de público conocimiento que los prestadores , terapeutas y profesionales no quieren  trabajar con la Obra Social de la provincia por las demoras en los pagos”, repasan.

Indicando que “OSEF, y el resto de las obras sociales han incrementado la burocracia mediante trámites imposibles y reiterados, y la cobertura del 100% es una meta inalcanzable para la mayoría sobre todo con la implementación de las recetas electrónicas a la cual le dedicaremos un informe aparte. Continúan las dificultades para acceder a los Certificados Único de Discapacidad por la falta de profesionales y la dificultad para conseguir turno con los existentes”.

Comentan que “El transporte sigue siendo la principal barrera para acceder a las propuestas y tratamientos. Hay estudiantes que aún no reciben los estímulos educativos planeados por no contar con el servicio”.

Advirtiendo también que “La creación de las unidades de atención integral de discapacidad (UATID) tenía como objetivo concentrar en una sola oficina los trámites relacionados con la discapacidad, pero en los hechos pasó a ser sólo una oficina del ministerio de salud que no cruza información con otros ministerios, y que por ello duplica algunos trámites y no puede ni siquiera asesorar acerca de los mismos; además de haber incrementado injustificadamente la planta política”.

“Desde que asumió el gobierno hemos sostenido reuniones con funcionarios de distinto rango, todas ellas producto de planes de lucha y visibilización en los medios, sin lograr resolver hasta el momento ninguna situación de fondo. Ni siquiera se ha puesto en marcha la Comisión Interministerial como se comprometieran los ministros Maciel y Di Giglio en la última entrevista mantenida en Casa de Gobierno”, expresaron desde la Comisión de Discapacidad.

Para finalizar, mencionan que “Somos varias las organizaciones que vemos la necesidad de reunirnos de manera urgente con el gobernador Melella para solicitar una vez más que revierta estas políticas que, por su rol, lo convierten en el primer responsable de la situación desesperante por la que están atravesando muchas PCD  y sus familias en Tierra del Fuego”, concluye el comunicado que firma la Comisión de Discapacidad Tierra del Fuego.