El comunicado de la Colectiva Feminista de Río Grande comienza manifestando: “Volvemos a pronunciar nuestro apoyo a las compañeras Liliana Ibañez y Sandra Aballay, trabajadoras del IPVyH (Instituto Provincial de la Vivienda y Hábitat), quienes el lunes 8 de agosto tendrán la reunión de mediación por su caso”.

Luego mencionan que “En la misma estarán representantes del Ministerio de Trabajo y su abogado Vladimir Espeche, la presidenta del IPVyH Leticia Hernández y el vicepresidente Alejandro Ranb y la representante a nivel provincial la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Ley 190, Sandra Aravena”.

El texto, más adelante, dice “Queremos destacar que las trabajadoras previamente a realizar la denuncia en la fiscalía, solicitaron respuestas a través de notas formales a la presidenta del  IPVyH, Leticia Hernández, al Ministerio de Trabajo y a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) seccional Río Grande, sin recibir respuesta alguna”.

Mencionan que “Es por esto que mediante este comunicado hacemos saber a la comunidad las respuestas reparadoras que exigen  Liliana Ibañez y Sandra Aballay:  “Pedimos volver a nuestro lugar de trabajo con condiciones óptimas para desempeñarnos laboralmente en estado de bienestar y medidas ejemplificadoras sobre el hostigador Horacio Alonso y sus cómplices””. Repasaron desde la Colectiva Feminista.

Después señalan que las trabajadoras también expresaron: “Queremos que saquen a Alonso de nuestro edificio, que realice sus tareas en otro espacio y que comience un tratamiento psicológico fiscalizado como nos toca hoy a nosotras. Estamos hablando de una persona que ha demostrado numerosas conductas violentas”.

Según el texto difundido, las trabajadoras también plantearon: “Exigimos a las máximas autoridades provinciales que intervengan y cumplan con su rol de funcionarixs en garantizar un espacio seguro para que podamos volver a nuestras tareas laborales. ¿Por qué es tan difícil cesar las conductas violentas en el espacio de trabajo, cuando hay muchas personas capacitadas para ocupar esos lugares y preservar el bienestar de los equipos laborales?”.

Desde la Colectiva también indicaron que “Un dato no menor y totalmente repudiable es que Marcia Chávez, Sonia Martinez y Horacio Alonso, con el afán de intimidar a las denunciantes, les enviaron una carta a documento para que se retracten de lo que habían dicho en los medios y para que retiren la denuncia, algo a lo que no están dispuestas”.

“Además, no se puede negar lo que quedó expuesto el pasado 22 de marzo cuando los y las compañeras del IPVyH se solidarizaron y llevaron a cabo una intervención con carteles que exigían ‘¡Basta de violencia laboral!  ¡No podemos seguir trabajando con miedo! ¡Exigimos igualdad de oportunidad y trato!”, menciona el comunicado.

Dicen que “Según relatan Ibañez y Aballay,  la mayoría de los y las compañeras tienen miedo de opinar por la persecución laboral que existe. Ellas fueron las primeras en animarse a denunciar la violencia y hostigamiento, pero alientan a que se denuncie y exponga cualquier tipo de violencia laboral”, remarcaron.

Más adelante dicen que “Este lunes 8 de agosto es el día en donde el Gobierno Provincial de Tierra del Fuego, AIAS puede tomar medidas ejemplificadoras y marcar un precedente para que no se vuelva a repetir la violencia laboral y el hostigamiento a otrxs trabajadorxs”.

En el tramo final, el comunicado dice que “Si realmente están comprometidxs con los DDHH y con la causa de género tomen medidas reparadoras. No puede ser que luego de la denuncia, Horacio Alonzo que estaba en el área de Recupero lo enviaron a Patrimonio, a pocos pasos de las compañeras violentadas”.

“Estamos hartas de la impunidad con la que se manejan los maltratadores y violentos y no nos callamos más, porque llamarse al silencio es ser parte de la complicidad entre estos pactos machistas. ¡Medidas reparadoras, Ya!”, concluye el comunicado.