La campaña es impulsada por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Rebelión o Extinción, el Instituto de Salud Socioambiental, el Museo del Hambre, las Mujeres Trabajadoras de la Tierra, Paren de Fumigarnos Lobos, Artistas por la Tierra y Exaltación Salud, entre otras organizaciones. El contexto es la crisis social, ecológica y climática donde «la desigualdad en torno a la tenencia de la tierra expulsa a los habitantes de las zonas rurales hacia los cinturones de pobreza urbana y pone en extremo peligro a los sistemas alimentarios regionales y globales».

Las organizaciones alertan que “este modelo está diseñado para maximizar los beneficios económicos de los dueños de los medios de producción: tierra, maquinaria y tecnología moderna, con la participación clave de un puñado de firmas que intermedian todas las transacciones y determinan los precios de los commodities”. Además de las acciones de visibilización, las familias campesinas impulsan por cuarta vez en el Congreso de la Nación una Ley de Acceso a la Tierra, iniciativa que nunca llegó al recinto para su tratamiento.

La propiedad de la tierra para las familias agricultoras no solo es un paso para garantizar el derecho constitucional a la vivienda digna sino también la posibilidad de proyectar esquemas agroecológicos. Esta forma de manejo requiere de tiempo, por ejemplo, para la mejora de los suelos. Pero esa planificación y la posibilidad de construir una vivienda de material se ve afectada por la incertidumbre de quienes alquilan: los contratos son abusivos y en cualquier momento el dueño del predio puede desalojar a los productores. “La agroecología de base campesina debe dejar de ser considerada sólo como una alternativa, es la forma de empezar a desandar el camino del hambre y la dependencia alimentaria y de revalorizar el trabajo agrícola”, indican desde «Sin tierra hay hambre».

Por este motivo —argumentan desde la campaña— la producción de alimentos solo puede crecer si lo hace de manera sostenible, sin aumentar la superficie cultivable, usando menos petróleo, menos agua y redistribuyendo la tenencia desde grandes pooles concentrados hacia la agricultura familiar. Las organizaciones sociales observan que es clave redistribuir la tierra en un contexto de crisis climática, de conflictos bélicos y de aumento del hambre a nivel global. Afirman que es cada vez más evidente que el modelo industrial agroexportador y dependiente no puede dar respuestas en este contexto y que es necesario pasar “cuanto antes” a sistemas diversificados de base agroecológica, que garanticen la soberanía alimentaria y que no dependan del mercado externo de commodities.

El feriazo frente a la Sociedad Rural buscó visibilizar las problemáticas que sufren las familias productoras: falta de agua, falta de electricidad y tenencia precaria de las tierras. También hubo una «Expo de Agrotóxicos» para difundir las consecuencias del agronegocio en los pueblos del país. En el marco de esta primera actividad se recibieron donaciones para el Pueblo Wichó de Tartagal.

 

Sin tierra hay hambre: los números de la concentración

 

El 95 por ciento del territorio nacional corresponde a tierras rurales (266.711.077 hectáreas). De ese total, se cultiva más del 37 por ciento. De ese total, el 40 por ciento de las tierras (65 millones de hectáreas) está en manos de solo 1200 familias y empresas. 

El 1 por ciento de la superficie cultivada son legumbres para consumo humano, el 1,4 por ciento son frutales y tan solo el 0,4 por ciento son hortalizas. La superficie que insumen estos tres cultivos de alimentos para personas es de un millón de hectáreas, mientras que la superficie destinada a producir commodities para la exportación (soja, maíz, trigo, girasol, algodón) supera los 30 millones de hectáreas y no contribuye a la soberanía alimentaria.

El 60 por ciento de los alimentos frescos que se consumen en el país es producido por el campesinado y pequeños productores familiares: más del 80 por ciento de esas familias alquilan la tierra. “América Latina es la región del mundo más desigual en cuanto a la distribución de la tierra”, detalla la UTT.

El Ministerio de Agricultura de la Nación informó que la agricultura familiar produce el 70 por ciento de la yerba mate, el 62 por ciento del tabaco, el 61 por ciento de pollos parrilleros y aromáticas, el 60 por ciento de los porcinos y el 59 por ciento de las hortalizas. Además, produce un tercio de la leche y un cuarto del ganado bovino y caprino del país, y genera el 53 por ciento del empleo en el sector.

Entre 2002 y 2018 el proceso de concentración de tierras provocó la desaparición del 25,5 por ciento de los emprendimientos agropecuarios. Si la comparación se realiza tomando como referencia el período 1988-2002 se evidencia que la reducción fue del 41,5 por ciento de las explotaciones agropecuarias.

Según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (Ingei), la agricultura, la ganadería y la silvicultura generan el 38 por ciento de las emisiones de Argentina. De esos gases que calientan la atmósfera, casi un 15 por ciento proviene de la deforestación, que se hace para aumentar la superficie de soja transgénica y expandir la ganadería vacuna.

 

Una ley para el acceso a la tierra

 

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) impulsa por cuarta vez un proyecto para generar un fondo de créditos blandos que permitan a las y los agricultores de alimentos tener un terreno propio para producir y vivir. Desde la organización destacan que esta población padece situaciones precarias debido a que alquilan los predios en que trabajan. “Sin tierra hay hambre”, denuncian desde la UTT y recuerdan que los proyectos presentados anteriormente nunca llegaron a tratarse en el recinto.

El proyecto de ley ingresado en la Cámara de Diputados establece la creación del Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar (Crepaf). Este fondo tiene como objeto facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas para las familias productoras que carezcan de tierra propia.

La propiedad de la tierra para las familias agricultoras no solo es un paso para garantizar el derecho constitucional a la vivienda digna sino también la posibilidad de proyectar esquemas agroecológicos.

El proyecto de ley se fundamenta en la crisis de acceso a los alimentos, “que concebidos como un bien económico son distribuidos según la capacidad de compra de los individuos y no según las necesidades”. Denuncian que, en América Latina y el Caribe, 700 mil niños y niñas padecen desnutrición aguda moderada, mientras que 3,9 millones padecen sobrepeso.

Publicado en: Agencia Tierra Viva