El texto que difundió la conducción nacional de la UEJN, donde confirma la prórroga de la intervención por 60 días más, asegura que se comprobaron “graves irregularidades en materia económica, particularmente, una serie de operaciones crediticias no autorizadas por nuestras normativas nacionales, que perfeccionan el delito de intermediación financiera”.

Además, dicen que se pudo comprobar “la comercialización ilegal del patrimonio de los afiliados y las afiliadas, en plataformas de turismo (como Booking.com), a personas ajenas a la organización, incluso extranjeros, cuestión que debe ser abordada con profundidad”.

Indican luego que se necesita avanzar con “el análisis pormenorizado de los movimientos bancarios” y “la información obtenida de las instituciones que colaboraron con nuestros exhortos, como el Banco de Tierra del Fuego y el Superior Tribunal de Justicia”. Igualmente adelantan “la presentación de las denuncias correspondientes”, una vez que se avance con el análisis de la documentación.

Por su parte, el todavía secretario Adjunto nacional de la UEJN y secretario General de la Seccional 1 hasta la intervención, Luis Becchis, salió al cruce de la decisión con un comunicado donde, entre otros conceptos, expresa que “Ante la incertidumbre de todos/as los y las afiliados/as, esta intervención (golpe institucional) no reviste una lógica Jurídica y Democrática (Elección 17/05/2022), solo trasmiten comunicados y noticias falsas, ninguna denuncia en sede judicial; a la conducción electa democráticamente”.

Asegura Bechis que “El resultado de la elección dio un claro ganador de las elecciones y que debe asumir sus funciones el próximo 27/7/2022, democráticamente electos y son intervenidos antes de la asunción, es algo que en democracia no parece posible”.

Advirtiendo después que “La intervención fue por las siguientes acusaciones: “Tratos denigrantes, abuso de autoridad y acoso sexual; no solo que no existen, al punto de no poder citar un solo hecho que puede caracterizar tales figuras, sino que por su imprecisión, vaguedad y generalidad, solo tienen el objetivo de deshonrar y desacreditar con la finalidad de generar algún grado de consenso a una intervención arbitraria”.

Bechis reitera que no hay denuncias presentadas y menciona que “se remitió Carta Documento a la Comisión Directiva Nacional y se puso en conocimiento del Ministerio de Trabajo, la intervención resulta nula, por ilegitima y arbitraria, al no haber seguido los procedimientos esenciales previstos e implícitos, apartarse del derecho aplicable y, asimismo, disponerse sobre la base de falsas denuncias e inexistentes causas”.