El documento publicado por la CTA Autónoma, difundido a través del sitio oficial del SUTEF, expresa textualmente que “Ante este Principio de acuerdo del Gobierno nacional y el FMI, nuestra Central de Trabajadores Argentinos manifiesta su fuerte rechazo por considerar que esta deuda contraída por el gobierno de Macri fue una decisión unilateral de la entonces administración de Trump de los EE.UU. para apoyar su campaña de la reelección presidencial. En ese momento Macri despuntaba como una “puntero” de la derecha latinoamericana junto a otros como Vargas Llosa. El staff técnico del FMI sabía que esta deuda era impagable como lo han reconocido de diferentes maneras sus propios miembros directivos, pero ante la hegemonía política e ideológica absoluta de los EE.UU. en la conducción del FMI aprobaron el préstamo.

Este hecho político de violentación de nuestra soberanía política buscando manipular el proceso electoral se ve agravado desde el punto de vista económico que los 44.500 millones de dólares fueron fugados ya que, así como ingresaron al país, se fueron de la mano del capital financiero en forma de ganancias, producto de la bicicleta financiera que organizó el Ministerio de Economía y el Banco Central.

No hay en el país ningún testimonio de alguna obra (aunque sea un Jardín de Infantes) financiada con dicho préstamo.

Sostenemos que esta deuda en su forma y en su monto es absolutamente discrecional y arbitraria y esto debería ser dictaminado por la Asamblea de las Naciones Unidas vía la solicitud de opinión de la Corte internacional de Justicia. Creemos que esta es una batalla legal internacional que hoy tiene mejores posibilidades. Pero también hay una batalla político-legal al interior de nuestro país. Hoy hay herramientas para saber quiénes fueron los beneficiados con este monumental préstamo y exigirles que sean ellos los que se hagan cargo de pagar.

En este sentido creemos que el presidente Fernández y parte del FDT no puso la suficiente energía en este combate legal que hubiera permitido a la hora de negociar con el FMI una mejor relación de fuerzas.

Las largas negociaciones mantenidas durante este tiempo fueron producto de la herencia explosiva que dejó el gobierno anterior al tomar un préstamo impagable, que había erosionado la capacidad nacional de pago y de producción de divisas para funcionar como país. Pero la política se concentró en las negociaciones y no en el plano político de las responsabilidades. El FMI salvó sus responsabilidades con una pequeña “autocritica”. Era posible para el gobierno develar los orígenes de la presente deuda, en qué se utilizaron los millones ingresados, quiénes fueron los responsables del incumplimiento de los objetivos para los cuales se tomó semejante monto y de la fuga de dinero probada por diferentes organismos que investigaron el circuito transitado.

El objetivo del gobierno siempre estuvo centrado en llegar a un acuerdo con el FMI, pagando en un plazo mucho mayor la deuda en lugar de hacer visible la violentación de nuestra soberanía política por parte de los EE.UU. a través del préstamo del FMI.

En este plano somos críticos de la falta de voluntad política soberana del gobierno nacional.

En principio podemos decir que los EE.UU. apostaron al triunfo de Macri y perdieron. Pero a partir del acuerdo con el Fondo y el monitoreo de este de las cuentas públicas cada tres meses, se abre la puerta a que intervengan de manera directa en el control de la política económica y luego un mecanismo de poder para el chantaje.

Ahora bien, ¿qué significa este acuerdo con el FMI?

En primer lugar, difiere el pago de la deuda, con reservas propias, para 2025. Es decir, el FMI hará un asiento contable para que Argentina “reciba” dinero a los efectos de pagar las cuotas pactadas en 2018 y vuelva a transferirlo al Fondo. A partir del 2025 habrá que devolver la totalidad del préstamo más sus intereses nuevamente. Este mecanismo se aplicará si los técnicos del organismo internacional aprueban el comportamiento del gobierno en forma trimestral. De lo contrario, no. Es claro que esto también es parte de una correlación de fuerzas y los técnicos del FMI no tienen poder infinito.

La justificación del gobierno de este acuerdo es que no implica ajuste, ni reforma laboral, ni privatización de la jubilación o de empresas públicas, ni reducción del gasto en educación, ciencia y tecnología y salud. Garantiza continuar con el crecimiento y luego un sendero de desarrollo. La otra alternativa era el default, algo que según los voceros del gobierno implicaba perdida del acceso al crédito internacional y una sistemática ofensiva del capital especulativo con efecto en el tipo de cambio y en la inflación.

Sin duda una vez sellado el acuerdo con todas las garantías que dice el gobierno de Alberto, para los trabajadores y trabajadoras se abre un desafío que es garantizar que el cogobierno del FMI que querrá hacer de la política económica, no se convierta en ajuste y privatización. Debemos pujar por una profundización de la distribución del ingreso, por una lucha sin descanso contra la pobreza, contra la precarización laboral, por nuestra independencia económica, soberanía política y justicia social”.

Central de Trabajadores de la Argentina – CTA