Por: Jerónimo Guerrero Iraola *

En la actualidad, 176 personas han prestado declaración en el marco de una causa judicial, el expediente 1.777/07, que tramita ante el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego. Algunos lo han hecho en carácter de sujetos vulnerados en su físico y su psiquis, otros como testigos directos de los hechos. El trámite judicial, este año, en vísperas al 40° aniversario del hecho bélico, cumplirá 15. A la fecha solo han sido procesados cuatro militares, número exiguo si atendemos al hecho de que han sido denunciados un centenar.

¿Por qué 15 años? Porque en Argentina existe, perdura, un pacto de silencio. Mejor no hablar de ciertas cosas, como invita la canción de Sumo. Malvinas en una de ellas. La guerra, puntualmente, merced a un dispositivo diseñado por la dictadura, que logró permear el sentido común, es narrada como relato heroico, como gesta nacional. Un contrasentido, si atendemos a que, para el 2 de abril de 1982, los dos planes sistemáticos del gobierno genocida habían colapsado, hablo del de exterminio de personas (luego del informe de la CIDH tras la visita al país de 1979, no quedaban dudas de la tortura, la desaparición y la muerte), y el de entrega de la soberanía (aquel que describe Rodolfo Walsh en su Carta de un escritor a la Junta, a partir del punto 5).

La dictadura fue Malvinas. Malvinas, la guerra, fue un capítulo más de la dictadura. No se puede pensar un acto de carácter anticolonialista desplegado por una dictadura que, a partir de la destrucción del sistema productivo-industrial argentino, la deuda y la violencia política, nos conminó a décadas de temor y miseria. En los hechos, las Fuerzas Armadas argentinas habían sido instruidas en la Escuela de las Américas, a instancias de la llamada doctrina de la seguridad nacional, que solapó las dimensiones de seguridad interior y defensa. Para hablar claro, estaban preparadas para reprimir y exterminar lo que regionalmente se había caracterizado con el enemigo interno, es decir, aquellos que se oponían a las dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales que pretendió instaurar (e instauró) la pata civil del golpe.

El sistema judicial se ha hecho eco del relato monolítico, y ha intentado, en diversas y sucesivas instancias, declarar la prescripción de la acción penal. Interesante truco jurídico, si atendemos al hecho de que la acción esté prescripta, no implica asumir que los hechos no sucedieron. Además, el Poder Judicial, en relación a Malvinas, ha desoído sistemáticamente los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, de los que emerge la obligación del Estado de investigar y eventualmente juzgar los delitos que impliquen graves violaciones a la dignidad humana. Las torturas lo son.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene, en sus manos, esta decisión. Debe resolver si los relatos de los 176 colimbas, víctimas y testigos de tortura, tendrán eco en la actividad judicial del Estado argentino. El estaqueamiento sigue ocurriendo, en términos emocionales, en perjuicio de las víctimas. El retardo de justicia acrecienta el dolor. Allí están, revictimizados, suspendidos en el tiempo, en el no-lugar en el que los sitúa la falta de reparación, estaqueados, 40 años después, en el 4° piso de Talcahuano 550.

* Abogado Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata

Autor de “Tecnologías de Impunidad”