La denuncia, que presentó el titular del CEC Río Grande, advierte sobre un incumplimiento de la Ley provincial 90, a raíz de la Resolución 119/2020 que firmó el ministro de Trabajo, Marcelo Romero. Allí se establece la unidad punitoria, que sirve para cuantificar el monto de las multas, en 20 mil pesos; cuando en realidad la Ley 90 indica que debe tomarse como referencia el salario inicial de la categoría más baja, de la administración pública provincial, hoy fijado en 44 mil pesos.

Barrios advirtió que “una Resolución no puede estar por encima de una Ley, entonces creemos que debe tomarse como referencia para el cobro de las multas el salario inicial de la administración pública. Desconocemos de dónde sale ese parámetro de 20 mil pesos que dispuso el ministro, pero lo que observamos es un notorio perjuicio a las arcas del Estado provincial, beneficiando además a empresarios que en realidad deberían ser sancionados, porque están incumpliendo normas vigentes”.

Además, con esta resolución del Ministerio de Trabajo, se fija incluso una unidad punitoria que es inferior a la de 30.867$, que se había dispuesto en el Decreto 318/19. En ese sentido el secretario General del CEC manifestó que “no solo Romero no impone el monto que correspondería, de acuerdo al salario actual de los estatales, sino que impone una sustantiva rebaja a las multas que se venían cobrando con anterioridad”.

Finalmente manifestó que “hay un evidente perjuicio fiscal para la provincia, además de una suerte de premio para quienes perjudican a trabajadoras y trabajadores incumpliendo con las leyes laborales o no respetando con las condiciones de empleo que indican las leyes vigentes. Por eso exigimos una inmediata marcha atrás con esta resolución y que se investigue lo sucedido”, concluyó Eusebio Barrios.