“Esta es una denuncia por la posible comisión de dos delitos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública”, indicó el interventor de ENARGAS, Federico Bernal, en declaraciones al programa radial “La Mañana en La Tecno”, que se emite por Radio Universidad, al ser consultado sobre la denuncia que impulsa involucrando al exministro de la gestión de Mauricio Macri, Juan José Aranguren.

Recordó además que en la misma denuncia “hay otros ex funcionarios de la administración de Mauricio Macri, como el por entonces subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos, Marco Porteau, el presidente (Mauricio Roitman) y directores del ENARGAS”, precisó. Reiterando que “lo que se denuncia son dos posibles delitos y tienen que ver con lo que creemos que fue, a fines de 2017 y extendiéndose a 2018, la violación al marco regulatorio de la Ley del Gas -por parte de Aranguren y estos ex funcionarios- provocando un grave perjuicio económico al Estado nacional y los usuarios por cerca de 560 millones de dólares con la dolarización de las tarifas, que no es específicamente lo que se denuncia sino una de sus consecuencias”, explicó.

Indicando luego que se trató de “un acuerdo que Aranguren prohijó y promocionó, con productoras, distribuidoras y transportistas, violando el marco regulatorio”, insistió el interventor del ENARGAS, mencionando que dicha acción “tenía que ver específicamente con el precio del gas en boca de pozo, que se traslada a la tarifa”.

Mencionó Bernal que “hay una suerte de acuerdo, una especie de pacto, que se llama bases y condiciones –eso fue un hecho incluso difundido por entonces desde el propio Ministerio- y allí se acordaron precios en dólares, con una escala ascendente por un plazo de dos años; pero eso hubiese sido correcto desde el punto del marco regulatorio de la ley si la Ley de Emergencia hubiese continuado más allá de 2018. Pero la Ley de Emergencia entró en vigencia en 2002 y caducó el 31 de diciembre, entonces en lugar que los precios del gas en las tarifas surjan de una negociación libre, entre productoras y distribuidoras, en un momento en el cual convenía –porque seguramente los precios hubieran empezado a bajar- pero entonces a Aranguren se le habría ocurrido cerrar precios en dólares, pero ya sin la Ley de Emergencia”.

Eso, dijo el interventor del ENARGAS, implica que “el Estado no puede fijar los precios del gas, que se incluyen en la tarifa, sino que lo tienen que hacer los privados en una libre negociación. Y luego el ENARGAS, entre sus muchas funciones, de alguna manera aprueba el precio del gas que se pasa a tarifas”, explicó. Aclaró que con la Ley del Gas en vigencia la negociación “es libre, lo que no es libre es que cualquier precio pase a tarifa. Ahí tiene que actuar el ente y el ente no actuó, porque estaba por supuesto en línea o trabajaba en connivencia con aquel pacto que se firmó a fines de 2017 promovido por Aranguren, entre otros”.

En otro orden, al ser consultado sobre la posibilidad de dar marcha atrás con la dolarización de las tarifas de gas, Federico Bernal indicó que “toda la cuestión tarifaria está siendo revisada y auditada por la gestión que yo estoy encarando”. Además recordó que “el presidente de la Nación, durante la campaña, fue muy claro al respecto. Era uno de sus ejes de campaña y sus intenciones más fuertes, la desdolarización de las tarifas. Yo aquí estoy trabajando no en ese sentido, porque no me compete, pero estoy trabajando en una revisión de todo lo que fue la tarifa del servicio público de gas natural y por supuesto, de los resultados de la revisión, habrá cuestiones que sirvan en ese camino o tal vez que no, se verá de los resultados”, concluyó Bernal.