“Lo hablamos en un primer momento con las autoridades, pero no tuvimos una respuesta”, aseguró la secretaria Gremial de la seccional Río Grande de ATE, Violeta Santander, refiriéndose a la situación que vivieron trabajadores del Municipio de Río Grande que fueron cambiados de sector tras recibir órdenes de “infraccionar” a comercios en el mes de marzo.

Vale mencionar que en ese momento la mayoría de los comerciantes no habían recibido notificaciones del Municipio sobre las normativas que debían cumplir por los protocolos impuestos por el COVID-19. La sindicalista después agregó: “no estamos en contra de la política del trabajo que aplica el Municipio, sino la manera en que tratan a los compañeros”, señala el portal “Gremiales del Sur”.  

Por otra parte Mauro Vega, uno de los trabajadores que habría sido afectado por esa situación, en declaraciones a FM Aire Libre manifestó que “el 24 de marzo comenzaron los controles a comercios por la cuarentena, fuimos los primeros en salir a la calle, fueron cambiando las normativas y en ningún momento tuvimos por escrito lo que debíamos hacer”, relató.

Pero advirtió que mientras tanto se les “exigía que infraccionemos a los comercios por los precios, pero los comerciantes no tenían ninguna información de las nuevas medidas, que era la Declaración Jurada de los precios retroactivos al 1 de marzo”.

Vega indicó después: “Se nos obligó a infraccionar durante una semana entera, era una presión constante sobre el cuerpo de inspectores, y un día nos desayunamos que ya no estábamos más en nuestros puestos de trabajo. Fueron cinco los inspectores a los que nos cambiaron de lugar de trabajo”, remarcó finalmente el empleado municipal.