En un informe de la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma destacaron que “al inicio la ministra de Educación (Analia Cubino) hizo un relato de la reunión que se desarrolló previamente con delegadxs gremiales de las escuelas especiales, que tenía como objeto acordar lineamientos de cara a la salida de la cuarentena y con las particularidades que tiene esa modalidad educativa”.

Mencionan que “Atento a la inmediatez de la cuestión y también a la indignación que generó el pago de la pensión RUPE con el exiguo aumento que el gobierno otorgó, el reclamo de la Comisión estuvo focalizado en ese tema inmediatamente. Recordamos que ese mismo día se habían acreditado las pensiones, y mamás de la comisión se habían acercado a Casa de Gobierno a entregar un petitorio sobre el incumplimiento de la ley 712”.

Luego indican que “la respuesta de la ministra de Desarrollo Humano fue que el monto del aumento estaba atado al presupuesto del estado provincial; nada tiene que ver, dijo, con el acuerdo paritario ni con la Ley, sino con lo que el área de economía y finanzas determinó como posible. La respuesta al reclamo por el bono fue la misma: el presupuesto no lo contempla.

Esta explicación fue rebatida enérgicamente ya que "no puede incumplirse una ley que ampara derechos de personas con discapacidad, menos aún en épocas de pandemia, dónde debería ser priorizado el sector atento a su vulnerabilidad"”, señalaron desde la CTA Autónoma.

Más adelante indicaron que “Por otro lado se expuso la situación sobre el número considerable de personas que se encuentran a la espera del otorgamiento de su pensión RUPE; el compromiso asumido por la ministra fue averiguar en qué situación se encuentran, pero con la advertencia de que están también atadas a la situación presupuestaria y a la revisión del equipo jurídico del área. Tampoco pudo precisar el circuito para iniciar el trámite de solicitud de pensiones”, remarca el informe.

También informaron que “En cuanto a la entrega de módulos alimentarios, el debate se dio en torno a la implementación de la logística, que a toda vista ha sido deficiente, y a la cantidad de personal que resulta insuficiente. A estos efectos se reconoció la necesidad de la comunicación con la Comisión y otras organizaciones, ya sea como nexo o como representación de las PCD, y la importancia que tiene el conocimiento que tenemos de las problemáticas que afectan al colectivo. En ese sentido, se facilitó a la Comisión los teléfonos de lxs referentes por ciudad para hacer permanente el contacto”.

Más adelante señalaron que “En relación a la burocracia que la OSEF ha implementado para la autorización de recetas y tratamientos, especialmente para afiliadxs que tienen cobertura del 100%, se solicitó se gestione ante el organismo un sistema más accesible y menos riesgoso para los pacientes”.

Dicen también que “En cuanto a tratamientos y rehabilitación, que se está realizando on line en los casos que resulta posible, solicitó la Comisión que se flexibilice el aislamiento a fin de que puedan hacerse también aquellos que requieran presencialidad”.

Indicaron que “Además de los reclamos aquí detallados, durante la reunión se evidenció la deficiente comunicación de las políticas gubernamentales, y la falta de convocatoria a las organizaciones para consultarlas acerca de las mismas. En ese sentido, se comprometieron a realizar reuniones periódicas donde podrán convocarse a otrxs referentes del sector”.

Finalmente expresaron desde la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma que durante el contacto “Recordamos a las autoridades que el colectivo de las personas con discapacidad en la provincia no son sólo los beneficiarios RUPE, sino todos aquellos ciudadanos que poseen CUD, y que desde esta Comisión debemos seguir velando por los derechos y el bienestar de todos”.