Antonela Guevara, integrante de la comunidad shelknam, se refirió a la situación que se está dando en un sector de la reserva, con un proceso de deforestación por tala indiscriminada, y mencionó la denuncia que se presentó por ese hecho. Indicó que se procedió “a concretar la denuncia en sede policial, para dar intervención a los organismos que corresponden”.

Indicó que desde “hace alrededor de 10 años venimos denunciando en los organismos que son autoridad de aplicación que en realidad es el Estado en sí, para no focalizar en ninguna dirección en particular, que hay cortes en el bosque de manera irregular. Había un plan de manejo en cabeza de Rubén (Maldonado) que estaba haciendo estragos dentro del bosque nativo y, en ese orden de cosas, solicitamos en el año 2016 copia de los expedientes del plan de manejo”, mencionó.

Dijo que los resultados del análisis del plan de manejo fueron ampliamente desfavorables para “Rubén Maldonado, para el ingeniero forestal, para la autoridad de aplicación que era la Dirección del Bosques y obviamente se puso en conocimiento de esto a la gobernadora de entonces, Rosana Bertone, para informarle de las irregularidades. Nunca tuvimos respuesta para los reclamos que hicimos, aunque es obligación del Estado y del Poder Judicial comprobar la veracidad de los hechos y la responsabilidad de los actores”, expresó Guevara.

Recordó que las denuncias tienen que ver con la “defensa y protección del bosque nativo”, por lo que se trata de un interés común ya que “se está destruyendo medio ambiente, el bosque nativo que nos brinda oxigeno; entonces se trata de un interés colectivo”, insistió la integrante de la comunidad shelknam.

Pero dijo que a pesar de las reiteradas solicitudes de intervención al estado no fueron escuchados, cuando se reclamó “prevenir un daño que puede ser irreparable y afecta a las futuras generaciones”. Además denunció que hubo venta de parcelas pertenecientes a la reserva “cuando eso está prohibido, no se pueden vender los recursos naturales de nuestra reserva que fueron adjudicados a la comunidad para ser trabajados por cada grupo familiar”, expresó.

Mencionó que con la tala indiscriminada hubo “miles y miles de pies de madera que se comercializaron y nadie sabe dónde fueron esos fondos, cuando esos recursos naturales son propiedad de la comunidad indígena. Por lo tanto todos los que integramos el pueblo, que somos más de 600 personas, tenemos derecho a saber que sucedió con esa madera”.

Incluso señaló que los miembros de la comunidad que “necesitan madera para calefaccionarse, la tienen que comprar. Mientras con terceros se hacen negocios con los recursos que son de todos. Además, Antonela Guevara señaló que Rubén Maldonado y su familia “como ya desmontaron la zona donde están, ahora se vinieron a la zona de Aguas Blancas, un lugar maravilloso con bosques hermosos dónde están haciendo desastres”.          

Para finalizar, indicó que el informe del plan de manejo es categórico al concluir que “se observa incumplimiento de su planificación, tanto en superficies intervenidas, propio de un desmanejo de los actores que intervinieron en el proceso de aprovechamiento forestal. Excedente del volumen de extracción, difícil de cuantificar”. Confirmando que hubo un manejo tendencioso, para beneficiar los intereses de Rubén Maldonado.

Guevara denunció que hubo otras consecuencias perjudiciales para el bosque, como la acumulación y el abandono de basura, sin la remediación correspondiente luego de la explotación del recurso. La integrante de la comunidad shelknam apunta a la responsabilidad que tuvo el estado por esta situación, asegurando además que “los integrantes de la comunidad no tenemos derechos, cuando se robaron el bosque que nos pertenece”.