El Ministerio de Salud de la Nación, en una reunión con representantes de asociaciones de pacientes de todo el país, hace tiempo atrás dejó en claro que se pretendía modificar la cobertura que brindan las obras sociales y empresas de medicina prepaga a los pacientes con diabetes.

A partir de la confirmación, la comunidad de diabéticos se declaró en alerta y algunas asociaciones analizan la aplicación de distintas medidas de acción, como la recolección de firmas en apoyo a sus reclamos, gestiones ante parlamentarios para intervenir en el tratamiento de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que altera los términos de la legislación vigente y la eventual presentación de un amparo colectivo frente al avance del citado proyecto.

Acompañando la postura de las entidades que agrupan a los diabéticos, en distintas localidades del país se está logrando la adhesión de los Concejos Deliberantes y gobiernos municipales a sus reclamos. Sin embargo en la provincia ya comenzaron los recortes en medicamentos como la Sitaglipina, para la cual la OSEF solamente reconoce un 70% de decuento y la obra social de la UOM Río Grande llegó a quitar toda cobertura especial para dicho medicamento, por lo cual un paciente que pretenda adquirirlo deberá abonar la friolera suma de $2395,42 por una caja de 28 comprimidos.

En Tierra del Fuego no se escucharon todavía voces de reclamo desde lo institucional, aunque se multiplican las quejas y los relatos del padecimiento que deben atravesar los pacientes con diabetes por esta situación. Vale mencionar que, además, a los pacientes con diabetes ahora se les exige la presentación de análisis y certificados periódicos firmados por sus médicos para justificar la existencia de la enfermedad, cuando se trata de una patología incurable.

En el plano judicial, los asesores legales de las asociaciones trabajan sobre la posibilidad de solicitar un recurso de amparo ante los cambios en la legislación que podrían representar un retroceso en los derechos adquiridos por los diabéticos.

En tal sentido vale recordar que la Ley 26.914 surgió de la propia comunidad, a través de un grupo de madres que se involucraron y que tras una intensa campaña de difusión en todo el país llegó al congreso de la Nación y fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras.