El comunicado dice que “Los organismos de Derechos Humanos abajo firmantes rechazamos la resolución de la Jueza Federal de Rio Grande, Dra. Mariel Borruto, que suspendió sin fijar nueva fecha, el llamado a prestar declaración indagatoria a 18 oficiales y suboficiales imputados por la comisión de torturas y otros vejámenes a los ex soldados argentinos, combatientes en las Islas Malvinas”.

Indican luego que “Tras 12 años de espera, desde que el entonces Subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel denunciara por primera vez estos hechos y que se sumaran nuevos casos en todo el país que dan cuenta del trato indigno e inhumano, el hambre extremo que llevo a la muerte a varios soldados y las torturas cometidas a soldados de todas las unidades militares desplazadas en las Islas y pertenecientes a las tres fuerzas armadas. Son  absolutamente inaceptables nuevas dilaciones, máxime cuando el argumento utilizado para suspender las audiencias fue la ausencia de instalaciones judiciales adecuadas y la necesidad de contar con más personal para hacer frente al proceso legal”.

Recuerdan que “Las mismas fueron establecidas por el anterior magistrado interviniente, el Dr. Federico Calvete, y estaban dispuestas para fines de junio y julio. La suspensión sin fecha priva a las víctimas del acceso a la justica y se constituye en una auténtica burla para quienes venimos reclamando Justicia en nuestro país”.

“Hemos escuchado en todo este tiempo los más variados argumentos políticos, jurídicos y fácticos para justificar el lento avance del proceso de verdad y justicia en nuestro país, pero nadie se atrevió a tanto. El mensaje expreso en la resolución de la magistrada refiere que no  avanzará sin nuevo edificio y más empleados”, expresa el comunicado.

Advirtiendo que “La decisión además de constituirse en una afrenta para las victimas coloca a la Argentina en grave responsabilidad internacional por incumplimiento de los Tratados de Derechos Humanos que en nuestro país están incorporados a la Constitución Nacional”.

“Exigimos que tomen debida y urgente intervención las instancias superiores, especialmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación a fin de que se garantice de manera inmediata el servicio de Justicia”, señala el texto.

Indicando por último que “Al mismo tiempo rechazamos las manifestaciones del Jefe del Ejército realizadas en el Colegio Militar el Día del Ejército, el 29 de mayo del corriente año, que brindan cobertura y legitimación institucional, pretendiendo asegurar impunidad a los perpetradores de estos graves crímenes de lesa humanidad, cuya investigación exigimos”.

Firman: Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Liga Argentina por los Derechos Humanos, Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de la zona Norte, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La Matanza, Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina, Familiares y compañeros de las 12 de Santa Cruz.