Desde la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma emitieron un documento donde señalan que “de la mano de la ley 1072, que arrasó con muchos de los derechos de las personas con discapacidad en nuestra provincia, viene a sumarse a este escenario perverso el papel de las principales obras sociales que aprovechan el vacío legal producido por esa ley, para abstenerse de cubrir la asistencia médica a estas personas”.

Luego recuerdan que “Desde la promulgación de la Ley 1072 supimos que los beneficiarios del Régimen Único de Pensiones Especiales RUPE se dividieron en tres categorías, en lo que a cobertura médico asistencial se refiere: Aquellos que no tienen la posibilidad de contar con la cobertura de ninguna obra social que no sea la del IPAUSS (luego OSPTF, hoy OSEF…) y a los que se les descuenta el 5% del monto de su pensión para tener acceso a la cobertura asistencial.

Aquellos que tienen en su entorno familiar un afiliado a la OSEF que pueda tenerlos a cargo.

Aquellos que tienen en su entorno familiar un afiliado a cualquier obra social (por ejemplo, PAMI) que pueda tenerlos a cargo”.

El texto continúa mencionando que “Más allá de las numerosas consideraciones negativas que esta categorización pueda generar y del debate que no nos permiten dar, sobre la vulneración de derechos que implican, hay un hecho concreto y de urgente atención al que tanto la Secretaría de Coordinación de Políticas para las personas con discapacidad, en las personas del ministro Gorbacz y del secretario Rojo Vivot; como la OSEF, que preside Margarita Gallardo, y las autoridades de PAMI ignoran con total impunidad pese a que ponen en riesgo la vida de muchas personas”.

El mismo documento señala que los integrantes de la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma “Tenemos conocimiento de que aproximadamente medio centenar de beneficiarios RUPE, que son personas con discapacidad, se encuentran sin cobertura médica asistencial desde la entrada en vigencia de la ley 1072. La explicación a este despropósito es meramente burocrática y revela no sólo la carencia de voluntad política de solucionarlo si no también la insensibilidad de los funcionarios ante el dolor y las necesidades de ciudadanos en situación de vulnerabilidad”.

Luego expresan que “En la práctica esta situación se produce a partir del vacío legal generado, paradójicamente, por la ley 1072: Los beneficiarios RUPE que puedan ser afiliados como adherentes porque conviven con un familiar que es titular de PAMI, son dados de baja del sistema de la OSEF, en función del criterio de categorías mencionadas con anterioridad, pero PAMI se niega a brindarles cobertura con el argumento de que pertenecen a un régimen asistencial provincial. Una trampa mortal para aquellos electro u oxígeno dependientes, o quienes siguen tratamientos oncológicos, o necesitan una derivación por la falta de profesionales médicos”.

En otro tramo dicen que “La Superintendencia de Servicios de Salud ha emitido un dictamen indicando a PAMI que debe hacerse cargo de la cobertura; PAMI esgrime una normativa interna que lo impide. Mientras tanto, hay personas que deambulan de una dependencia a otra con las pocas fuerzas que les quedan mendigando por una solución que no llega”.

Los integrantes de la Comisión expresan que “Ante las denuncias y reclamos que junto a esta Comisión realizaron algunos beneficiarios, el ministro Gorbacz y la presidente de la OSEF, Gallardo, acordaron otorgar una prórroga excepcional en la cobertura a cinco de estas personas. Esa prórroga vence el 31 de diciembre de este año y, particularmente, Gallardo ha dejado en claro que no se extenderá”.

“La Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma ha solicitado una audiencia con la presidenta de la Comisión de Salud de la Legislatura Provincial, Liliana Martínez Allende, para plantearle esta situación, que consideramos prioritaria, y las inexplicables demoras en los turnos para las juntas médicas de Certificado Único de Discapacidad (CUD) o de Certificado Médico Oficial (CMO), trámites excluyentes a la hora de solicitar o renovar la pensión RUPE”, advierten.

Manifestando que “Lamentablemente, a casi 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos encontramos denunciando una flagrante violación de los derechos de uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.

Para concluir dicen: “Exigimos, como representantes de las personas con discapacidad de Tierra el Fuego, una inmediata solución a la falta de cobertura médica a las personas que están en esta situación y hacemos responsables a los funcionarios provinciales y nacionales que tienen incumbencia en el tema por la salud y la vida de estas personas”.