Los vecinos concurrieron con notas a la Delegación de Gobierno, fueron citados a Desarrollo Humano, recurrieron a la Secretaría de Energía, le escribieron una carta al propio gobernador, Gustavo Melella, pero llevan más de una semana desde que la empresa Camuzzi les cortó el servicio de gas y no encuentran una alternativa para resolver la situación en la que se encuentran 11 familias, entre ellas algunas compuestas por madres solas con sus hijos, adultos mayores y personas con discapacidad.

En la nota que enviaron a los diferentes entes cuentan que son “11 familias, entre ellas varias madres solas con sus hijos, adultos mayores, y personas con discapacidad, que vivimos en los departamentos que alquilamos desde hace años en la calle Cámpora 311 del barrio Perón, en la ciudad de Río Grande”.

Allí mencionan también que vienen “reclamando desde hace tiempo a quien dice ser el propietario, José Leonardo Henríquez Vázquez, por la precariedad de las instalaciones de gas y energía eléctrica; las cuales nos ponen en serio riego, tal como nos señalaron desde Bomberos cuando, en el mes de julio, concurrieron al lugar por un incendio que pudo tener resultados fatales. Además, el lugar no cuenta con agua potable y tenemos que acceder a la misma mediante bidones”.

“Esta persona, quien reside en Chile y viene cada 4, 5 o 6 meses a cobrar los alquileres, nunca se hizo cargo de resolver los inconvenientes y profirió amenazas a quienes se los planteamos, sobre todo a quienes sabe que son mujeres solas y en situación de vulnerabilidad. La semana pasada, nuevamente se presentó a presionarnos e intimarnos con el objetivo de que quienes le reclamábamos por el estado de las instalaciones desalojáramos las habitaciones. En este marco, pudimos saber que el predio fue construido en un terreno fiscal, que nunca fue regularizado, y que desde hace 20 años Vázquez viene lucrando con él mediante alquileres no declarados”, advierten los vecinos.

Indicando luego que “Ante nuestra negativa, presentó una denuncia en la empresa Camuzzi que terminó con el retiro del medidor el pasado miércoles 25 del corriente y nos dejó sin gas. Desde ese momento, las 11 familias estamos sin ese vital servicio, padeciendo las bajas temperaturas, sin poder cocinar, ni calefaccionarnos”. 

Piden “poder acceder a algún tipo de solución para preservar nuestras viviendas, en condiciones y sin riesgo de vida para quienes habitamos en ese lugar. Queremos pagar el alquiler, pero pedimos no estar en riego y no estar pendientes de cuándo se puede generar una tragedia por la precariedad de las instalaciones”.

“También advertimos que hoy no tenemos dónde ir, somos familias trabajadoras, muchas nos sostenemos con pensiones y bajos ingresos, no tenemos la posibilidad de alquilar en otro lugar, ni familiares con espacio que puedan alojarnos. Por eso solicitamos, mientras se resuelven las cuestiones de fondo, algún tipo de contención para no quedar en situación de calle”, expresan en las notas que fueron entregando.

Hasta el momento, solo les propusieron acceder a un plan RedSol, frazadas o buscarse un alquiler. Con advertencias incluso de que podrían tener inconvenientes con el área de Minoridad “por la situación en la que están los menores”, contó una mamá desesperada. La misma mujer indicó que “las políticas del estado parece que son para algunos simplemente y para el resto no. Consideramos que, mientras se resuelve el tema del gas, nos podrían ayudar para solucionar las conexiones de luz para que al menos de esa forma podamos calefaccionarnos o calentar los alimentos diarios; no nos olvidemos que hay criaturas, adultos mayores y personas con discapacidad en este espacio”, remarcó.