Marcelo Sánchez, integrante de la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma, en diálogo con Radio Provincia se refirió al recorte que se implementaría en el sector discapacidad por disposición del Gobierno nacional, mencionó que por lo que conoce “del proyecto de decreto, aparentemente le sacarían la injerencia a las obras sociales sobre las coberturas para personas con discapacidad y eso pasaría directamente a la órbita del Gobierno nacional, concretamente hay un organismo que se crearía que sería el que garantizaría que el Estado nacional se ocupe de las prestaciones y de todo lo que tiene que ver con el financiamiento de las diversas necesidades, que tienen las personas con discapacidad”, indicó.

Sánchez después señaló que “no se entiende mucho, ya lo de las obras sociales viene siendo una cosa donde se evidencia de manera flagrante la falta de control. Las obras sociales vienen pagando a los premios a los prestadores y esos prestadores que atienden a las personas con discapacidad son trabajadores, como lo somos la mayoría de los habitantes de este país, y cuando uno trabaja lo que pretende es cobrar por eso, ya que es un derecho inalienable. Por qué se naturalizó esto de que los prestadores de servicio a las personas con discapacidad tengan demora desde las obras sociales, es una cuestión que debería controlar el estado”, dijo el integrante de la Comisión que funciona en la órbita de la CTA Autónoma.    

Comparó el hecho de que “creen una estructura nueva, para que se ocupe de hacer el trabajo que tenían que hacer las obras sociales controladas por el estado. Es más o menos lo que hicieron acá cuando crearon la famosa UATID (Unidad de Atención Integral a Personas con Discapacidad), que todavía no sabemos para qué sirve”, ironizó. Mencionando que “en realidad fue un escalón más, en esta eterna escalera de trabas burocráticas con las cuales las personas con discapacidad, y quienes los cuidamos, nos encontramos cada día”.

Marcelo Sánchez indicó que se trata de “disfrazar un ajuste, porque en definitiva esta demora en los pagos es un ajuste solapado. Los prestadores vienen corriendo desde atrás a la inflación, desde tiempos inmemoriales, y además ahora les prometen que en vez de a 80 días les van a pagar a 45, lo cual es bastante difícil de corroborar”, advirtió. Preguntándose “¿Quién garantiza que el estado, que no controló lo que tenía que controlar con las obras sociales, ahora lo vaya a ejecutar de manera correcta y en tiempo y forma?”.

Después manifestó, como una opinión personal, que la medida “tiene que ver con meterle el ajuste al que menos ruido hace en la sociedad”. Recordó que “las obras sociales, ante el común de la sociedad, son entes poderosos. Con ellos no se meten, no las controlan, les permiten que hagan cualquier cosa”, expresó el integrante de la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma.

Sánchez se refirió también a una campaña de recolección de firmas impulsada a nivel nacional, desde distintos sectores que representan a las personas con discapacidad, señalando que el objetivo sería “parar la puesta en marcha de este decreto y que se abran ámbitos de discusión, para debatir la Ley Nacional de Discapacidad, como así también las leyes provinciales”.  

Para concluir, se refirió a la relación que tendría la diputada Rosana Bertone con quienes intentan implementar estas políticas. Repasando que “nosotros, en Tierra del Fuego, tenemos un panorama más o menos claro de hacia dónde puede ir todo esto. Porque a partir de la implementación de la Ley 1072, esa Ley de Discapacidad que metió Bertone por la ventana el 8 y 9 de enero de 2016, hemos sufrido esto que ahora aparece como un problema a nivel nacional”.

Dijo igualmente que “quien está ahora acompañando a (Fernando) Galarraga, que es el Director Ejecutivo de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), es Bertone. Galarraga salió en televisión, hace unos días, en la Cámara de Diputados con el apoyo de Bertone. Paula Gargiulo, funcionaria del gobierno de Bertone, es la Vicedirectora Ejecutiva de la ANDIS; o sea que ahí está el bertonismo y para nosotros es claro lo que va a pasar. Replican lo que fue el gobierno de Bertone y lo que viene haciendo el gobierno actual, que es profundizar la 1072, cuando el compromiso de campaña y por el cual muchos –me incluyo en lo personal- apoyamos la candidatura, tenía que ver con eso de derogar el paquete de leyes –particularmente la 1072- y discutir de vuelta cual es la ley de discapacidad que nosotros necesitamos para Tierra del Fuego. Pero nada de eso pasó, todo lo contrario, y profundizaron todo el ajuste que (Leonardo) Gorbacz como brazo ejecutor de la política de Bertone para discapacidad, junto con Cabrera, Rojo Vivot y otros; llevaron adelante perjudicando a muchas personas con discapacidad y sus familias, quienes todavía estamos pagando las consecuencias”, expresó Marcelo Sánchez. Para concluir, reconoció que “en otros ámbitos, con otros colectivos, no son lo mismo; pero en discapacidad –lamentablemente- es así”.