El ingreso de los equipos de rescate a un pozo de El Pinabete, una mina carbonífera colapsada hace una semana por una inundación en el norte de México y en la que 10 mineros quedaron atrapados, recomenzó este jueves luego de rumores de que los trabajos se habían suspendido al no haber condiciones de seguridad para la exploración.

Al pozo 4 de la mina, que se ubica en el municipio de Sabinas, estado de Coahuila, norte de México, ingresó el Equipo de Respuesta Inmediata pero casi tres horas después se tuvo que suspender la misión al "no haber condiciones de seguridad", dijeron familiares de los mineros atrapados a medios de comunicación, tras recibir información de las autoridades. Sin embargo, este jueves el Gobierno confirmó que los trabajos de rescate continúan.

Las familias de los mineros atrapados permanecen a las afueras de la mina con la esperanza de que sean rescatados con vida.

La entrada de los rescatistas al pozo de la mina, de unos 60 metros de profundidad, ocurrió alrededor de las 17.00 horas (22.00 GMT) por medio de una especie de jaula o cápsula de metal, también llamada "cápsula de la vida’.

El aparato, que tiene como función subir y bajar a los mineros durante sus jornadas de trabajo en el lugar, es una especie de polea impulsada por un motor.

Este miércoles, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó en redes sociales que habían iniciado los trabajos para retirar los pilotes de madera que obstruyen el paso en el pozo 4.

Esto para permitir que un buzo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) llevara a cabo una exploración inicial de las condiciones existentes dentro de la mina, la cual ocurrió unas horas más tarde.

El martes, el Gobierno mexicano dijo que perforaría 5 nuevos pozos para extraer agua en la mina colapsada.

 

¿Por qué colapsó la mina?

 

Ha pasado una semana del siniestro ocurrido en la mina “El Pinabete” cuando 15 mineros del carbón se encontraban trabajando en tres pozos comunicados entre sí. Dichos pozos se encontraban a escasos metros de Las Conchas, una explotación abandonada hace 40 años que aún se encontraba repleta de agua. La perforación de una de las paredes internas de uno de los pozos causó una filtración del líquido, inundando los túneles y dejando atrapados a 10 trabajadores que hasta el momento siguen sin ser rescatados, en tanto que 5 lograron escapar.

Cabe señalar que la infraestructura de la mina ya presentaba deterioro, sin que se haya hecho nada para revertirlo por parte de la empresa, ni tampoco fue observado por las inspecciones que debió de haber realizado oportunamente personal de la Secretaría del Trabajo. La dependencia reconoció que la mina “El Pinabete” operaba desde enero sin paredes construidas, ni los requerimientos de seguridad adecuados para laborar dentro de los pozos.

Este tipo de siniestros no son una novedad. David Huerta, un ex minero veterano, declaró que hace años otro grupo de mineros sobrevivieron a más de ocho días de derrumbe gracias a una burbuja de aire. Pero la negligencia y encubrimiento de los responsables hace que nos encontremos con un caso más de negligencia industrial. Por otro lado, las labores de rescate apenas comienzan y los días pasan sin ninguna novedad que de aliento a las familias de los trabajadores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una visita fugaz a La Agujita el 7 de agosto. Lejos de dar certidumbre, causó tensión y reclamos de los familiares, quienes le exigieron al presidente y a los agentes de la Guardia Nacional comprometerse al rescate de los trabajadores.

Conforme el tiempo pasa, las posibilidades de encontrarlos vivos se reducen, lo que ha acrecentado la angustia de sus familias.

Tras poco más de una hora en el lugar, el presidente abandonó la mina, dejado a los familiares en las mismas condiciones. Posteriormente, declaró desde su conferencia matutina que “se está haciendo todo para el rescate”.

 

Impunidad

 

Bajo el actual gobierno no han cambiado las condiciones inseguras en las que siguen operando muchos de los pozos de carbón y en general la minería en México, cuyos propietarios tienen un largo historial de impunidad, precarización laboral, muertes obreras y destrucción al medio ambiente.

Hoy la prioridad para el gobierno de López Obrador es que no se entorpezca la actividad industrial de la región carbonífera de Coahuila, uno de los pilares de la política energética. En ese Estado se produce el 99% del carbón que compra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que forma parte del objetivo de lograr una supuesta “autosuficiencia energética” de México.

Sin embargo, el manejo privado de la industria minera en México ha traído precarización, siniestros, contaminación ambiental y despojo de tierras a comunidades enteras. Es una historia de larga data que atravieza todos los últmos gobiernos pero que continúa impune bajo el acutal ejecutivo.

Así, las autoridades federales han querido encubrir el nombre de la empresa propietaria de la mina “El Pinabete”, donde ocurrió el siniestro. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio el nombre de las víctimas y no el nombre del patrón. Sin embargo, éste fue identificado como Régulo Zapata Jaime, por lo que no es casualidad que se le brinde protección tras lo ocurrido.

Se sabe de un reciente contrato otorgado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a Zapata Jaime, propietario de la empresa Infraestructura Minera Catamaco, así como de Minera Magenta. En dicho contrato se estipula otorgarle más de 55 millones de pesos para abastecer de mineral a la carboeléctrica “Carbón II”, de CFE, localizada en Nava Coahuila.

Este tipo de contratos suelen hacerse sin ningún peritaje respecto a las condiciones laborales de las minas, por lo que dichas empresas se adjudican contratos millonarios mientras que los trabajadores arriesgan su vida por un salario miserable.

La organización La Familia de Pasta de Conchos, que agrupa a familiares de mineros fallecidos en el derrumbe de 2006 en la mina de ese nombre, dio a conocer que el predio donde ocurrió el siniestro tiene tres pocitos carboneros cuyas condiciones, de por sí inseguras, se agravaron pues los propietarios no realizaron trabajos de barrenación para medir presencia de gas ni cuerpos de agua próximos a las paredes del filón.

La organización añadió que si lo que se pretende es prevenir estos sucesos es importante cancelar los títulos de Concesiones sobrepuestas a minados viejos, ya que de 2006 a 2021 han muerto 80 mineros en pozos, minas o cuevas teniendo como característica violaciones graves en normas de higiene y seguridad. Cabe mencionar que, en todos los casos, dichas empresas vendían carbón a CFE de forma directa o a través de prestanombres, obteniendo ganancias gigantescas mientras que los mineros hacen horas extras para tener un ingreso que les permita alimentar a sus familias.

Es necesario ponerle un alto a esta situación, exigir que se acelere el rescate de los mineros atrapados, que se castigue a los responsables y que no haya ni una muerte obrera más por negligencia patronal. También hay que exigir el rescate de los restos de los mineros atrapados en Pasta de Conchos desde el 2006, que prometió el gobierno federal y aún no ha concretado.

Para ello, se requiere la organización democrática y la movilización de los trabajadores mineros con el fin de imponerles a los gobiernos y patrones condiciones seguras de trabajo, salarios dignos y plenos derechos laborales. Los trabajadores y sus familias podrían coordinarse con las comunidades para proteger los recursos naturales y el ambiente. Hay que exigirle al Sindicato Minero, cuyos dirigentes han tolerado por años esta situación, que movilice a todas sus secciones por estas demandas.

Fuente: La Izquierda Diario