El documento único, leído en las manifestaciones de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, fue confeccionado por las integrantes de las distintas Colectivas Feministas, y de TolhFem, expresa textualmente: “Mientras los machitos que tienen en sus manos el poder, se disputan el largo de su falo, nosotras seguimos siendo asesinadas, violentadas, abusadas, maltratadas, ninguneadas, amenazadas, pero no llegamos donde estamos para quedarnos calladitas. Los derechos se conquistan con las luchas en la calle, y nuestro deber como sociedad en democracia es protegerlos y hacerlos cumplir. No vamos a retroceder ni un paso, ni siquiera para tomar impulso.

Esta semana en Tierra del Fuego AeIAS estamos de duelo. Tras los hechos de público conocimiento que venimos enfrentando, la violencia institucional que sufren las compañeras de la Subsecretaría de Políticas de Género, las amenazas y maltratos que están viviendo compañeras del IPV en Río Grande, se suma el asesinato el pasado lunes a María Alejandra Acceti en Tolhuin. Lloramos de impotencia, de bronca, de tristeza.

La muerte de una mujer en medio de una crisis avasallante desde lo institucional, económico, social no es un dato menor, no es un número más, es la consecuencia de este sinfín de sucesos que venimos a denunciar. La coyuntura no nos permite lamentarnos en nuestros hogares, sino que es momento de unir fuerzas desde los diferentes movimientos feministas de la Provincia, dejar las diferencias de lado, de estar alertas, porque la violencia hacia las mujeres y diversidades continúa presente y el Estado está ausente.

Nos duele en el cuerpo que ante tanta violencia el Estado no responda con las políticas públicas urgentes que venimos reclamando desde hace años en cada marcha, en cada convocatoria.

Estamos en emergencia provincial

Es un reclamo que nos atraviesa a mujeres y disidencias, pero que atraviesa a toda la sociedad en general. Tanto abandono e impunidad por parte de quienes deben velar por nuestros derechos, sí hablamos del Estado, sólo aumenta el grado de riesgo con el que convivimos a diario. Cuando hablamos de EMERGENCIA nos referimos específicamente a la Subsecretaría de Políticas de Género dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano provincial; un área que se encuentra desmantelada, sin presupuesto, sin recursos económicos y ni humanos. Un área que se constituye como órgano de aplicación de la Ley Nacional 26.485, a la cual la Provincia de Tierra del Fuego adhiere.

Entendemos que es evidente que las políticas públicas en materia de géneros, no se constituyen como prioridad en la agenda pública. En la ciudad de Río Grande por parte provincial, sólo cuatro profesionales que conforman el equipo de la Subsecretaría, llevan adelante el acompañamiento de cientos de mujeres que sufren situaciones de violencia por motivos de género. Un área que recepciona más de 100 oficios mensuales, es decir, más de 100 situaciones a evaluar, acompañar, asesorar y/u orientar. Qué son las mismas profesionales que ponen el cuerpo a cada acompañamiento, enfrentando a una justicia machista y patriarcal, una justicia que revictimiza sistemáticamente, que desprovee de medidas cautelares, que pone en discusión el relato de las víctimas, que construyen un expediente judicial ubicando a los agresores como víctimas, y a las víctimas como victimarixs. Una justicia que desprovee del acceso a un patrocinio jurídico gratuito, en pos de iniciar las demandas correspondientes, frente a los hechos de violencias.

Señor Ministro Maciel, Señor Gobernador Melella, señores jueces y legisladores los tiempos de las mujeres y disidencias que sufren violencia por motivos de géneros son URGENTES. Cada minuto, cada segundo, que corre sin resolverse medidas suficientes para su resguardo y protección, puede repercutir en el desenlace más trágico. Sabemos del tiempo que conlleva a mujeres y disidencias, poder hacer efectiva una denuncia en el marco de las violencias por motivos de género. Atravesadas por el temor y miedo a que se generen nuevos hechos de violencia. Temor a no poder acceder a la justicia. Temor a no contar con medidas cautelares que las protejan. Medidas que entendemos, no son suficientes para el efectivo resguardo de sus vidas y de sus hijes.

Que mientras las autoridades máximas de la Provincia, conocen de la situación de la Subsecretaría de Políticas de Género, hacen oídos sordos a los reclamos. Ejerciendo violencia institucional hacia las trabajadoras del área y, por lo tanto, entendemos dicha violencia como propia hacia todas las mujeres y disidencias de la provincia.

La violencia institucional y política no la sufren únicamente las compañeras ya mencionadas, también la vivimos mujeres y disidencias en todas las esferas del arco político, algunas aún no se atreven a denunciar porque saben las consecuencias a las que se enfrentan. Nuestra presencia molesta, incomoda, nuestra voz es inaudita para los machos que no están dispuestos a ceder el poder, porque quieren sostener sus lugares de privilegio, por eso gritamos nuevamente ¡NO NOS CALLAMOS MÁS!

Otro claro ejemplo de lo que venimos a denunciar es lo que está viviendo Yanira Martínez Ortiz, militante feminista y cooperativista, madre, docente y funcionaria pública: Subsecretaria de Vivienda de la Municipalidad de Ushuaia, quien radicó una denuncia penal contra dos varones cis que ejercen violencia a través de amenazas, extorsiones y chantaje atentando contra su integridad física, psíquica y política: Carlos Maximiliano Rijo, presidente de la Cooperativa de Vivienda “Nuestro Techo”, y asesor de Javier Eduardo Branca, concejal y convencional constituyente electo de la misma Municipalidad. Branca exigió que se corriera de todos los lugares de participación política que ella ocupa, a través de un asesor de su despacho, luego que Yanira participara de la marcha del pasado #3J junto a otras mujeres del movimiento cooperativista, con carteles que decían “No más violentos en nuestras cooperativas”. En el marco de una entrevista radial, Branca afirmó que la violencia política por razones de género “no existe” desconociendo todo marco normativo actual.

El caso de Yanira es uno de los tantos que no conocemos y nos muestra cómo reaccionan las masculinidades hegemónicas cuando ven que las mujeres no estamos solas, que no nos callamos ante sus actos violentos y decidimos hacernos oír.

La violencia política por razones de género existe

También nos solidarizamos y acompañamos a las compañeras que trabajan en el IPV y H de Río Grande en el pedido al Sr. Gobernador de tomar cartas en el asunto, ya que se siguieron los pasos administrativos como corresponden y no hubo respuesta, es su deber responder sobre los pedidos de los y las damnificades, de las víctimas. Solicitamos una medida ejemplificadora para que las trabajadoras no se encuentren desamparadas y desprotegidas. Estas locas acá reunidas no vamos a permitir más el hostigamiento a quienes rompen la naturalización de las violencias. Y repetiremos hasta el hartazgo que es grotesco cómo fallaron las instituciones que tenían que actuar. Señor gobernador no desconozca lo que ocurre no solo en el IPV y H y en la Subsecretaría de Políticas de Género, sino en muchas otras instituciones de la Administración Pública.

Para cerrar, no es casualidad que ante todos estos reclamos, también debamos enfrentar el femicidio de otra mujer en nuestra Provincia. Es la consecuencia de las políticas públicas insuficientes e ineficaces, de la no toma de decisiones en tiempo y forma, de la incapacidad de quienes ocupan un cargo para el que no se encuentran a la altura. Las buenas intenciones, la buena voluntad, no evitan los femicidios. Sólo se combaten con acciones concretas en materia de Políticas Públicas.

Alejandra no será un número más, como no lo es Nilda Núñez, ni Marianela Rago Zapata ni Laura Aixa Xuxú Aguilar, ni Florencia Sanservino junto a sus hijas Ornella y Oriana, Estela Suárez, Zulema Medina y tantas otras a las que les arrebataron sus sueños y su derecho a una vida digna.

Estamos hartas de contar a nuestras muertas y no vamos a parar hasta ser escuchadas

Es responsabilidad de cada una de nosotras llevar sus nombres como bandera para que por fin, algún día NI UNA MENOS, VIVAS Y LIBRES NOS QUEREMOS sea una realidad.

Es por eso que exigimos, en carácter URGENTE, a las autoridades a nivel provincial y municipal, al poder judicial y al poder legislativo que:

● Que se garantice un espacio físico acorde y en condiciones para el correcto desarrollo de las actividades de la Subsecretaría de Políticas de Género. Que proporcione la contención y el resguardo de las mujeres y disidencias que allí concurran.

● La urgente incorporación de recurso humano profesional y con perspectiva de género en las tres ciudades de la Provincia.

● Que se genere una partida presupuestaria propia y específica para la Subsecretaría de Políticas de Género, garantizando así los recursos económicos y materiales para el desarrollo de las actividades del área y para la asistencia de mujeres y disidencias en situación de violencia por motivos de género.

● Que ante cada vulneración de derechos y revictimización, ejercidos por el poder judicial y las comisarías, se efectúen medidas al respecto.

● Que se apliquen los protocolos provinciales para la erradicación de las violencias con perspectiva de género ante cualquier suceso denunciado.

● Orden y cumplimiento efectivo de la prohibición al acercamiento de Javier Branca respecto de las compañeras cooperativistas.

● Cese todos los actos de perturbación o intimidación por parte de Javier Branca directa o indirectamente hacia las compañeras cooperativistas y feministas.

● Destitución de Carlos Maximiliano Rijo y Javier Eduardo Branca de los puestos de poder político que ocupan.

● Celeridad Judicial en la causa de Alejandra Acceti.

¡LA DEUDA ES CON NOSOTRAS! ¡NI UNA MENOS! VIVAS NOS QUEREMOS.

¡NI UNA COMPAÑERA MÁS AMENAZADA NI VIOLENTADA EN EL ÁMBITO PÚBLICO NI PRIVADO!”

Fuente: Provincia 23