En ese sentido explicaron que “Hemos planteado esta situación de manera reiterada ante distintos funcionarios, por ejemplo cuando fuimos recibidas en Casa de Gobierno: la respuesta siempre es economiscista y burocrática, mientras que hay familias que ven vulnerado este derecho en un contexto inflacionario y de desocupación”, denunciaron.

Advirtieron, además, que “Hay suficiente jurisprudencia que establece que la falta de partida presupuestaria no exime  al gobierno de esta responsabilidad. Exigimos al gobierno que a la brevedad de trámite a las cerca de 200 pensiones que tiene trabadas y no obligue a estas familias a acudir a la Justicia”, concluye el comunicado.