“Lo primero que hicimos fue rechazar de plano el proyecto del Ejecutivo para modificar la ley de la OSEF, nosotros todavía sosteniendo –como lo venimos haciendo desde que se aprobó la ley con el paquete de leyes- nuestra resistencia y desde ese momento estamos pidiendo la modificación o la derogación  de las leyes 1071 y  1072, que trajeron  muchos perjuicios para las personas con discapacidad, en general, y para quienes tiene RUPE en particular”, expresó Diana Román, al comentar el paso que tuvieron los integrantes de la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma por la Legislatura, en el marco de la convocatoria que están realizando los legisladores para tratar el tema de la OSEF.

Después, en declaraciones a Radio Provincia, expresó el “asombro y la indignación”, porque “una vez que se piensa en modificarlas, lo que nos encontramos es más ajuste en discapacidad. En ese sentido fue nuestra exposición, había otras organizaciones de personas con discapacidad, estaba un grupo de mamás de niños con enfermedades poco frecuentes o lo que se llama “de alto costo”, expresando su preocupación; con quienes también muchas veces hemos confluido en reuniones y manifestaciones”, relató Román.

Más adelante comentó que también señalaron a los legisladores que “cuando se habla del desfinanciamiento de la obra social, cada vez se desliza más que es por culpa de las RUPE. Pero que expliciten que el Ministerio de Desarrollo tiene una deuda de más de 500 millones, por las prestaciones de RUPE. No son los RUPE que son caros, lo que pasa es que el Gobierno históricamente no paga”, aclaró la integrante de la Comisión de Discapacidad de la CTA.

Incluso recordó que “el bertonismo, decide descontarles a los RUPE un aporte del 5%, lo cual es inconstitucional porque a las pensiones no contributivas no se les puede hacer ningún tipo de descuento. Nosotros en su momento hicimos una presentación por la inconstitucionalidad de ese artículo de la ley, y eso obligo a que la entonces gobernadora (Rosana) Bertone firmara un decreto por el cual se le devuelve lo que aportan, entonces no impacta en el bolsillo. Pero eso está mal igual, porque no debería haber ningún descuento”, remarcó Diana Román. Advirtiendo que el nuevo proyecto no solo no corrige esa situación, sino que “plantea elevarlo al 7% en lugar del 5%”, puntualizó.

Finalmente, volviendo sobre el proyecto que impulsa el Ejecutivo, remarcó que la propuesta de la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma es “que no se trate, porque es más regresiva en derechos que la 1071 y profundiza el ajuste”, concluyó.