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sábado 18 de septiembre de 2021 - Edición Nº1018

Política | 15 sep 2021

SUTCAPRA

Trabajadores de control y admisión denuncian fiestas clandestinas organizadas por funcionaria

Desde el SUTCAPRA señalaron que un 50% de los trabajadores se encuentran sin desempeñar tareas, e incluso migraron hacia otros sectores laborales o se dedican a “trabajos de la construcción” y el “cuidado de chicos”, para sostenerse. Son quienes se desempeñaban en los boliches bailables, actividad que aún no se reinició. Pero además denunciaron desde el gremio que proliferan las fiestas clandestinas, entre ellas una “organizada por una funcionaria” con “300 personas y entradas de 500 pesos”.


Raúl Bombares, secretario General de SUTCAPRA (Sindicato Único de Trabajadores de Control y Admisión de la República Argentina), se refirió a la situación del sector en este momento de la pademia, mencionando que atraviesan “una parcial normalidad, a partir de la ampliación horaria que decretó el Gobierno de la provincia, por la cual desde hace aproximadamente unos dos meses tenemos un 50% de los trabajadores reinsertados laboralmente”, explicó el representante de los trabajadores del sector de control y admisión.

Después indicó que “el otro 50% está esperando que se habiliten los boliches, ahí tenemos la otra mitad de los trabajadores”, refirió, sobre quienes se encuentran sin desempeñar tareas. Bombares dijo que se trata de “quienes se encuentran sin trabajar desde hace más de un año y medio, ya que solo se reinsertaron los compañeros que se desempeñan en cervecerías, pubs y algún comercio de comidas donde, por seguridad porque el Municipio no lo exige, el comerciante llama a nuestros compañeros para cuidar a sus clientes”.

Confirmó que, con esta situación, muchos trabajadores “se han apartado del oficio y se sostienen cuidando chicos, trabajando en la construcción y en todo lo que surja, porque algo hay que hacer y entonces se retiraron del oficio, no renovaron los carnets con los cuales nos habilita el Municipio y algunos se sostienen con diversos tipos de trabajo”, afirmó.

El titular del SUTCAPRA señaló que se encuentran “convencidos” de la posibilidad de habilitar el funcionamiento de los locales bailables, con cierto protocolo, mencionando que “en otras provincias, sin ir más lejos en la localidad de El Calafate, en Santa Cruz, con las vacunas y con un protocolo estricto, están funcionando los locales donde se desempeñan nuestros compañeros. Eso sucede no solamente en la Patagonia, en Buenos Aires también y lo sabemos porque nuestro gremio tiene presencia en todo el país y sabemos de muchos lugares donde se trabaja, no al 100%, pero sí en un porcentaje importante con la exigencia de las vacunas y el protocolo”, reiteró.

Por otro lado, Raúl Bombares ratificó sus recientes manifestaciones, en relación a la proliferación de fiestas clandestinas “sobre todo en la zona de la margen sur del río Grande”, destacando además que en alguna de ellas, en otro sector de la ciudad, estaría involucrada una funcionaria de la Provincia, para lo cual se puso “a disposición de la Justicia” para aportar datos al respecto.

El secretario General del gremio que representa a los trabajadores de control y admisión expresó, al respecto, que “hay un problema que son las fiestas clandestinas, en un alto porcentaje en la margen sur. También tenemos detalles sobre un lugar, en Irigoyen y Belgrano, donde también se están realizando fiestas clandestinas organizadas por una reconocida funcionaria, que es conocida en el ambiente de los espectáculos nocturnos”, detalló.

Bombares indicó que “como gremio, me pongo personalmente a disposición de la Justicia para que nos llamen y que se investigue”, expresó. Manifestando que “300 personas, a 500 pesos cada una, no deberían pasar desapercibidas a cuatro cuadras de la Comisaría Primera. Eso genera un poco de impotencia, teniendo en cuenta que representamos a muchos compañeros que no pueden trabajar; mientras algunos funcionarios no le dan importancia a las normativas”, concluyó el titular del SUTCAPRA, mientras señaló que prefiere no nombrar a la funcionaria en cuestión “hasta que intervenga la Justicia”.

      

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