La sanción de esta Ley, dejó asentada la indiscutida necesidad de los fueguinos, dentro de un  proceso continuo de 40 años de acciones parlamentarias destinadas a revertir la imposibilidad de tener una conexión física con el continente. 

Las certeras advertencias que dejaron por escrito en 1973 los diputados nacionales Esther Fadul y Ernesto Manuel Campos, con relación a los condicionantes adversos para el desarrollo poblacional, social y económico de la provincia marítima debido a la dependencia de tener que transitar por Chile; son el preámbulo de todos los fundamentos escritos en decenas de proyectos impulsados por representantes fueguinos en el Parlamento; los cuales alcanzaron su mayor logro mediante el trabajo de los senadores Nacionales José Martínez y María Rosa Díaz, redactores del texto de la Ley 26.776.

En su articulado, los autores se ocuparon por dejar establecido, que para concretar el proyecto es necesario realizar “el estudio de factibilidad, (…) para la conexión marítima y su implementación entre los puntos operativamente más apropiados en orden a la menor distancia”. También el “estudio de factibilidad, apertura de traza, demás estudios requeridos de la Ruta Nacional Nº 40” y su ejecución en el territorio de la provincia de Tierra del Fuego, para comunicar “las ciudades de Río Grande y Ushuaia”.

Y aunque la Ley otorga la potestad de materializar el objetivo al Poder Ejecutivo Nacional, no habilita que los estudios de factibilidad, sus conclusiones y resultados, ni que el plan de inversiones y de obra, no puedan ser compartidos, analizados y estudiados por la sociedad fueguina. Sociedad que además de querer resolver la complejidad que significa depender de un país vecino para acceder al propio; no pierde de vista que el proyecto es algo más que un cruce por aguas argentinas; sino que se trata de completar la integración nacional de la Argentina bicontinental, que pone a la isla grande de Tierra del Fuego, a la boca oriental del Estrecho de Magallanes, el Atlántico Sur, Antártida y Malvinas; en una nueva centralidad geográfica, política y económica, que debe desarrollarse de manera estratégica.

Durante 2013, 2014 y 2015, desde la Federación Popular del Transporte de Tierra del Fuego, advertimos sobre la poca transparencia y el secretismo que rodeaba al proyecto que se estaba planificando desde la Administración General de Puertos, AGP. Sobre las falencias, desaciertos e intereses ajenos a la necesidad de la Integración Soberana que tenía un plan ejecutivo que nunca se oficializó, a pesar de los errados compromisos a los que la hizo llevar el capitán Borrelli, como interventor de la AGP; a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En enero de este año, el Poder Ejecutivo Nacional tomó el proyecto y lo sacó del letargo al que había sido sometido por el gobierno de Mauricio Macri. El ministro de Transporte Mario Meoni, expresó la voluntad del gobierno de encararlo y el gobernador Gustavo Melella le ha dado el acompañamiento institucional.

Las declaraciones públicas formuladas por el Presidente de la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego, Roberto Murcia; a fines de junio, abren legítimos interrogantes sobre el tipo de proyecto que se está diseñando en Buenos Aires.

El funcionario provincial aseguró que desde la Administración General de Puertos se trabaja en el “anteproyecto”;  que el área a su cargo está haciendo “el relevamiento en la costa norte” de la Isla Grande para definir “la localización de la conexión costera en Tierra del Fuego”, y que en Santa Cruz, se proyecta utilizar “el muelle de Punta Loyola”.  También declaró que se evalúa la posibilidad de emplazar en el sector fueguino, “un puerto multimodal” donde pueda operar “un portacontenedor o un pesquero”; y que la inversión se haría a través de la creación de una sociedad de “participación público-privada”, la cual cuenta con la posibilidad de hacer el cruce “con dos buques de gran porte que ya operan en el Mar del Norte”.

Ratificando nuestro compromiso de velar por la aplicación efectiva de la Ley 26.776; este 25 de junio, miembros de Fe.Po.Tra se reunieron con el Gobernador Gustavo Melella, donde expusimos sobre la importancia de no repetir las malas experiencias pasadas; para que esta vez sí, el proyecto que se desarrolle; haya pasado por un riguroso análisis técnico científico y de esta manera garantizarnos el mejor Cruce.

El mandatario fueguino avaló las razones y fundamentos planteados por los miembros de la Federación, coincidiendo en la importancia de convocar a los funcionarios nacionales del Ministerio de Transporte y de la AGP, y de esta manera iniciar una serie de reuniones con especialistas y académicos de las mejores universidades nacionales, entidades profesionales y organizaciones; para evaluar el anteproyecto.

Una nueva composición de la Cámara Legislativa fueguina también se interesó positivamente por el proyecto; y el pasado martes 27, invitados por la Comisión del Parlamento Patagónico, Mercosur, Integración Regional y Asuntos Internacionales, reiteramos la necesidad de garantizar que se lleven adelante minuciosos estudios de factibilidad, que contemplen todas las variables y que haga partícipe a la sociedad de Tierra del Fuego y de Santa Cruz.

Ratificamos el compromiso manifiesto en la militancia de quienes nos antecedieron en la causa; no perdemos el rumbo que nos marcaron las universidades como también las infinitas charlas y colaboraciones recibidas por instituciones y vecinos de ambas provincias. A ellos convocamos a replicar las voces, a reclamar y manifestarnos por todos los medios posibles dentro del contexto que la pandemia nos permita.

Contexto que nos demuestra y nos reafirma la necesidad de una integración plena, por todas las vías posibles. Una integración que sostenga miles de puestos de trabajo dignos, y sobre todas las cosas, que defienda la soberanía.

Cinco generaciones de fueguinos venimos y seguiremos impulsando el objetivo de tener un cruce corto, seguro, regular, estatal, económico, sustentable y soberano. Un Cruce por Aguas Argentinas.