En el marco de la 43° sesión ordinaria del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego se aprobó por amplia mayoría, con solo dos votos en contra, la propuesta de pronunciamiento impulsada por la Asociación del Personal Universitario Nodocente (APUN) en respaldo al proyecto de Ley impulsado por el Ejecutivo Nacional denominado “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”.

La propuesta fue acompañada por la Asociación Fueguina Universitaria de Docentes Investigadores AFUDI/CONADU, el Centro de Estudiantes sede Ushuaia MEGAFÓN, el Centro de ESTUDIANTES sede Río Grande FEUF y la agrupación FEUF Ushuaia.

El documento impulsado por APUN y presentado ante el órgano de decisión de la Universidad plantea que “la situación producida por la pandemia de coronavirus (COVID-19) y sus lamentables consecuencias obligan al gobierno a adoptar medidas que protejan a las personas afectadas, garantizando por todos los medios el derecho a la salud y la alimentación. Al mismo tiempo urge minimizar los impactos negativos sobre el empleo y la condiciones de producción, y en simultaneidad alcanzar las más pronta recuperación de estos indicadores tras la pandemia”.

En el documento se expresa que “estamos absolutamente convencidos que el Estado nacional debe garantizar el acceso sin restricciones a los bienes y servicios básicos, especialmente aquellos tendientes a la protección de la vida y salud humana”.

El actual gobierno nacional debió asumir un estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social producto de las políticas llevadas adelante por la gestión  Cambiemos durante el período 2015-2019. En este contexto, el actual gobierno debe enfrentar la crisis derivada del Covid-19 con niveles históricos de pobreza y desigualdad que exigen la adopción de medidas urgentes a efectos de proteger a los sectores más vulnerables de la población.

No obstante esta situación, desde el Gobierno Nacional se ha instrumentado una serie de políticas destinadas a proteger a las familias, la producción y el empleo, así como asistir a las administraciones de las provincias. Dentro de las limitaciones de recursos que existen, el esfuerzo fiscal ha sido importante.

En tal sentido y a modo de dar respuesta a tales urgencias, desde el Ejecutivo Nacional se propone la creación de un impuesto a las grandes fortunas para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia del COVID-19 y sus impactos laborales, productivos y sociales, que se orienta exclusivamente a los grandes patrimonios, como un aporte directo en los términos previstos en esta Ley.

Siendo sus objetivos primordiales la equidad y solidaridad, se apunta a las manifestaciones de altísima capacidad contributiva, vinculada a los grandes patrimonios. Por ello se establece este aporte extraordinario y excepcional siguiendo la doctrina de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, por única vez, en estas horas dramáticas que exigen al Estado la utilización de vastísimos recursos para enfrentar los costos sanitarios y económicos que impone la pandemia del COVID-19.

Desde APUN creemos en la importancia de la aprobación de esta ley y sus efectos, como así también del respaldo a dicho proyecto por parte del Consejo Superior (Órgano de Gobierno de la Universidad). Lo hacemos en el convencimiento y la convicción de contar con una Universidad presente en los distintos temas que hacen  a nuestra realidad como Nación. Tal como expresa la parte final del documento ingresado “creemos y militamos por una Universidad profundamente politizada, comprometida con el pueblo y sus necesidades. Una Universidad donde la excelencia académica sea un medio para el engrandecimiento de la Nación y no un fin en sí mismo”.