Desde la Multisectorial consideraron “que las violaciones a los Derechos Humanos cometidos por representantes de dicha institución castrense tanto en la Guerra de Malvinas, torturando y estaqueando a sus soldados, como en nuestra ciudad con el asesinato de Florencia Rojas Gutiérrez y Marcela Andrade, sientan un peligroso antecedente al intentar tapar la Memoria con reconocimientos y honores que no son merecidos al no haber tenido la grandeza de separar a tiempo de sus  filas a torturadores y asesinos” . 

En un comunicado mencionaron que "Las organizaciones que nos constituimos en la Mesa Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande manifestamos nuestro más enérgico repudio y pedido de anulación inmediata a la solicitud emplazada en el proyecto de Ley presentado en Expte. 1222-S-2020 por el senador Pablo Blanco, para declarar “Bien Histórico Nacional al Batallón de Infantería de Marina 5””.

Luego expresan que “la propuesta se enmarca en el artículo 4° de la Ley nacional N° 27.103 donde establece: “Los monumentos, lugares y bienes protegidos, que sean de propiedad de la Nación, de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de los municipios, quedan sometidos por esta ley a la custodia y conservación del Estado nacional y, en su caso, en concurrencia con las autoridades locales””.

Advirtiendo además que “La Ley deja claro que una distinción de tal envergadura no permitirá, entre otras cosas, modificar el trazado urbano local, detalle no menor que debió, primero, haber sido consensuado, al menos, con sus pares legislativos del Concejo Deliberante de Río Grande”.

Pasan a relatar después que “En los fundamentos se pondera que la institución castrense tiene presencia en la provincia desde 1947; en primera instancia en Ushuaia y luego en 1952, en Río Grande.  Entendemos que esta unidad militar, como otras tantas, fueron instaladas en áreas remotas y fronterizas de la extensa geografía del País en distintas etapas de su historia y han tenido una fuerte incidencia sobre los pueblos donde se asentaron; tanto en lo social, en lo económico y en lo político”, repasan.

Pero las organizaciones integrantes de la Multisectorial de Derechos Humanos después manifiestan que “Sin embargo esa incidencia, en determinados momentos históricos, llegó al punto de transformarse en el poder real que reemplazó, con interventores civiles o militares, a las autoridades legítimamente constituidas. En ese contexto, conocido por los argentinos, el BIM 5 registra un pasado oscuro y poco visibilizado en el resto del país, incluso, en muchos casos, de manera trágica”, alertan.

Recordando que “Durante la guerra de Malvinas hay que destacar el accionar heroico de los soldados que defendieron el monte Tumbledown frente a las tropas del Reino Unido y que fueron reconocidos por su entrega, valentía y profesionalismo, incluso muchos de ellos dejaron la vida. Pero no nos podemos olvidar que entre las filas del BIM N°5 había varios miembros partícipes directo del terrorismo de Estado que en las Islas Malvinas aplicaron tormentos, torturas y estaqueamientos a su propios soldados. No nos olvidamos de los casos de Rodolfo Oscar Cionchi (alias el Gordo Tomás) y Cesar Binotti, presos por delitos de lesa humanidad; tampoco de Carlos Bianchi quien, reproduciendo las mismas perversiones y atrocidades de los dos primeros, fue denunciado por sus soldados y posteriormente, en 2007, apartado de la fuerza y del jefatura de dicha Unidad de Combate por decisión del Ministerio de Defensa de la Nación”.

Después agregan que “La memoria también nos recuerda que en diciembre de 1982 el BIM 5 vuelve a ser protagonista de un hecho aberrante, cuando desde el Casino de Oficiales ubicado en la intersección de San Martín y Espora, asesinaron a la maestra Florencia Angélica “Lita” Rojas Gutiérrez; por orden del entonces capitán Carlos Robacio.

Desde la familia de Lita aseguraron que no existen registros oficiales al respecto y que la explicación que le dio Robacio fue “como estábamos pasados de copas, yo le dije tire a matar”.

Es por ella, para reivindicar su memoria y la de nuestro pueblo que no debe permitirse cometer los mismos trágicos errores, allí frente al Casino de oficiales de la Armada Argentina, que desde la Multisectorial por los Derechos Humanos impulsamos la construcción de un mural en recuerdo de “Lita””, remarca la organización defensora de los Derechos Humanos.

Incluso señalan que “El relato oficial de quienes ostentaron los altos cargos militares en la zona norte de la provincia, también ocultó el asesinato de la pequeña Marcela Andrade, quien en junio de 1982 viajaba junto con sus padres y, en circunstancias aún no esclarecidas, militares dispararon contra el vehículo que los trasladaba, hiriendo de muerte a la niña”.

“La sola posibilidad de que el BIM 5 sea elevado al rango de “Bien Histórico Nacional”, generará un peligroso antecedente, para que otras unidades militares donde se cometieron diferentes tipos de violaciones a los Derechos Humanos, como la ESMA, Campo de Mayo, El Regimiento 7 de La Plata, el Batallón de Arsenales Miguel de Azcuénaga de Tucumán, el Regimiento 9 de Corrientes, el Batallón 123 de Paso de los Libres, la Base Aérea de Reconquista o la base de Submarinos de Mar del Plata, para citar algunos; reclamen la misma distinción y así tapar con reconocimientos y honores, las graves violaciones a los Derechos Humanos”, manifiesta el comunicado.

Para concluir señalando que “por tal motivo, quienes integramos la Multisectorial de los Derechos Humanos de la ciudad de Río Grande, rechazamos, repudiamos y nos oponemos a que esta Unidad Militar, que no ha tenido la grandeza de separar a tiempo de sus  filas a torturadores y asesinos, sea elevada a una distinción que no es merecedora"”.