Según el informe dado desde la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma, durante la reunión “hubo un rico intercambio acerca de las dificultades que atraviesan las personas con discapacidad, para acceder a la cobertura de medicamentos y tratamientos; e información acerca de cómo realizar los trámites ante la obra social cuya modalidad fue variando muchas veces durante la cuarentena”.

“Sabemos que la información no circula eficientemente lo que dificulta aún más el acceso a la salud. La página de OSEF permite pedir turnos para farmacia y reintegros y sigue vigente el whatsapp para autorizar recetas”, detallaron. También mencionaron, en relación a los reintegros, que “las extensas demoras se ven agudizadas por el protocolo que se adoptó, ya que solo hay dos empleadas abocadas a esto y que además la presidencia no explicita  cual es el criterio para establecer prioridades, para dar respuesta los afiliados y afiliadas”.

Sobre la situación de la farmacia, señalaron que “el desabastecimiento sistemático de la farmacia de la obra social y la falta de pago a proveedores empeora la situación de personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas, ya que las farmacias convenidas no realizan la cobertura del 100%. Esto quiere decir que si hay faltante de estos medicamentos en la farmacia de OSEF, el paciente no puede acceder a este derecho”, advirtieron.

Por otra parte manifestaron que “varias personas con discapacidad han expresado su preocupación, debido a que la obra social les exige el reempadronamiento para la cobertura integral de la medicación. Este trámite implica varios pasos que incluyen consulta con médico de cabecera, presentación de planillas, etc. lo cual implica romper el aislamiento para cumplir con requisitos burocráticos”.

En ese sentido se le solicitó a la vocal electa “que interceda ante la obra social para que se otorgue una prórroga para el reempadronamiento, dado que la situación de los pacientes crónicos rara vez se modifica y para evitar riesgos innecesarios”.

En otro orden, refiriéndose a la cobertura de los gastos de sepelio, indicaron que “los últimos días, a instancias de integrantes de la Comisión de Discapacidad, se realizó una colecta para ayudar económicamente a la familia de una niña con discapacidad fallecida en la ciudad de Ushuaia. La solidaridad viene a intentar paliar en parte la ausencia del Estado y de la obra social para la cobertura de los sepelios”.

“Cabe destacar que la obra social otorga un subsidio exiguo de $10.000 a afiliados y afiliadas (si el fallecido es menor de 7 años, el mismo es de la irrisoria suma de $ 6.500) cuando el monto del servicio en la ciudad es superior a $80.000  pero en el caso de afiliados y afiliadas RUPE la situación es aún peor porque no se otorga subsidio alguno”, explicaron desde la Comisión de Discapacidad.

Punto aparte en el informe mereció la situación de Tolhuin, señalando que “la consabida  falta de profesionales médicos en esta ciudad hace que los pacientes deban realizar interconsultas en Ushuaia y Río Grande, sin que se les reconozcan viáticos. Se solicitará que estas interconsultas reciban el mismo trato que las derivaciones”, remarcaron.

Finalmente, sobre la deuda del gobierno por prestaciones RUPE, dijeron que “el gobierno provincial adeuda a la fecha alrededor de $ 165 millones por prestaciones a afiliados y afiliadas RUPE, continuando con la política de desfinanciamiento de la obra social ejecutada por los gobiernos anteriores de todos los signos políticos. Tampoco hay novedades sobre el destino de los fondos generados a partir de la Ley 1.269 para cubrir las prestaciones médicas para afiliados y afiliadas  RUPE, fondo conformado por los aportes derivados de las deducciones del 2,5 % de los premios pagados por el IPRA”.

Indicando por último en el informe que “estos fueron los principales temas abordados de los cuales surgió una agenda conjunta destinada a lograr, la cobertura integral médico asistencial de las PCD y exigir al gobierno el cumplimiento de las leyes y el pago de los fondos adeudados”.