El concejal Javier Calisaya se encuentra impulsando un proyecto de ordenanza, que busca avanzar con la creación del “Plan Primera Vivienda Básica Universal”, el mismo se debería llevar adelante desde la Dirección Municipal de la Vivienda, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Río Grande.

Destaca el proyecto que la iniciativa denominada “Primera Vivienda Básica Universal es un plan de ahorro previo que está dirigido prioritariamente a las familias y personas de los sectores populares que, en razón de su situación socio económica, no tienen posibilidad de comprar de contado ni de acceder a financiación en el marco de las operatorias regulares del mercado inmobiliario, y que a la vez necesitan resolver el déficit de vivienda digna, sea por carecer de vivienda propia, tanto como por habitar una casa que por su precariedad no satisface condiciones básicas de calidad y seguridad”.

Se propone que la Dirección Municipal de la Vivienda organice “grupos o círculos de ahorristas, integrados por tantos adherentes como cantidad de cuotas en que se divide el precio a pagar por la casa”. Asimismo se indica en el proyecto que la Dirección Municipal de la Vivienda representa legalmente al grupo y administra sus recursos, percibiendo las cuotas, contratando la construcción, entregando las casas conforme al orden de adjudicación correspondiente, y realizando las demás operaciones inherentes al logro del objetivo del grupo.

Luego se avanza con una serie de artículos reglamentarios para el plan de viviendas, pasando después a señalar que “Cada ahorrista miembro del grupo suscribe un plan de ahorro, en cuotas mensuales, por un valor equivalente al precio total de la casa, con más los gastos que correspondan, cumpliendo regularmente con su obligación hasta cancelar la última cuota, con independencia de la fecha de adjudicación”.

Se explica en el proyecto que “La tipología básica de las casas encierra una superficie total de cuarenta y dos metros cuadrados (42 m2), de manera de posibilitar su traslado, distribuidos en dos (2) dormitorios, cocina-comedor y baño; los diferentes diseños aseguran su adaptabilidad a planos mayores de manera de facilitar futuras ampliaciones o ensambles”.

Aunque se aclara que “Sin perjuicio del artículo anterior, los grupos de ahorristas pueden optar por dimensiones mayores en tanto se trate de construcción fija sobre platea que no necesite ser trasladada y en tanto no se desvirtúe el sentido del plan”.

El proyecto impulsado por Calisaya indica que “Cada grupo o círculo define si las casas las adquiere terminadas llave en mano, o si corren las terminaciones por cuenta del adjudicatario. En el presente marco normativo se entiende por terminaciones, exclusivamente, la pintura interior, el revestimiento de los pisos, los artefactos y su colocación, incluyéndose entre tales sanitarios, griferías, mesada y bajo mesada, calefactores, termotanque o calefón, y luminarias”.

Advirtiendo luego que “las casas adquiridas en el presente marco no pueden ser enajenadas ni alquiladas hasta después de la integración del ahorro total de su valor mediante la cancelación del plan de ahorro”.

Sobre la construcción en sí menciona el concejal de FORJA que “la Dirección Municipal de la Vivienda compra los materiales para la construcción, asegurando un volumen por cantidad de grupos de manera de obtener un mejor precio, el cual a su vez lo procura fomentando el concurso y la competencia de proveedores”. También dice que “La Dirección Municipal de la Vivienda contrata la construcción de las casas, prefiriendo la organización de cuadrillas de obreros autónomos y cooperativas de trabajo, procurando el mejor precio para los ahorristas a la vez que la ocupación de mano de obra del sector de la construcción”.

Luego se suman una serie de artículos al proyectos referidos a la implementación del plan, indicando la creación de un Consejo Asesor Honorario que articula el nexo con la Dirección Municipal de la Vivienda para “el seguimiento, el control, y la mejor resolución de cuestiones operativas y demás necesarias para optimizar el sistema en orden al logro de sus objetivos”, dando participación a las Comisiones Barriales, los trabajadores de la construcción y sus organizaciones sindicales en la reglamentación de la ordenanza.

Entre los argumentos con los cuales se impulsa el proyecto, se dice que busca obtener “esa protección mínima o piso de derechos que es la primera vivienda, principalmente para las familias y personas que, por la precariedad de su vivienda actual, inician desde muy atrás y con desventaja el recorrido del progreso social a que tienen derecho”. Expresando finalmente que “la posibilidad de dignificar la vivienda no puede ser privativa de quien tiene mucha plata ni puede ser un objetivo en el cual a una familia se le vayan años o décadas de su vida”.