Acosta manifestó que la gravedad es que “estas personas aún no tienen certidumbre de lo que les sucederá a pesar de que la ley y los sucesivos decretos nacionales prohíben despidos, suspensiones y quita de salarios”, remarcó la parlamentaria por FORJA.

En este sentido, recordó que “estas familias no cobran su sueldo completo desde enero de este año y la situación ya lleva un poco más de 7 meses”.

En la nota la legisladora solicita a Pablo Hadjes, apoderado de la empresa, que informe la situación actual de la empresa con los trabajadores y las trabajadoras, la previsibilidad de la fábrica de quedarse en la provincia, las acciones realizadas en el marco de la Emergencia Pública, y que hicieron con los beneficios otorgados a través del Estado para paliar la situación de los trabajadores.

En el transcurso de las negociaciones y luego de varias protestas, que se suceden desde el 2019, lograron una respuesta por parte del dueño de la empresa, que serían reincorporados y que se les pagaría el salario completo. Todo eso condicionado a sacar una partida de productos que había quedado en la línea.

Estas familias además tienen el agravante de no cobrar la Ingreso Familiar de Emergencia -que otorga el Gobierno nacional por una suma de 10 mil pesos- porque figuran en el ANSES como trabajando en relación de dependencia. Por esa circunstancia sobrellevan su situación a través de la ayuda provincial con los planes RedSol, bolsones de alimentos y la tarjeta alimentaria.