Desde la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma pidieron respuestas para “El sector de las personas con discapacidad, en el cual la mayoría pertenece a grupos de riesgo por cuestiones de salud y otras, además de la vulnerabilidad económica”. En ese sentido Diana Roman, titular de dicha comisión, en declaraciones al programa radial “La Mañana en La Tecno” dijo que “estamos preocupados porque, en una situación como esta y en medio de una pandemia que implica aislamiento y demás, las personas con discapacidad lo sufren el doble”.

Indicó que “A nuestra Comisión de discapacidad de la CTA-A, llegan innumerables consultas sobre la entrega de bolsones alimentarios por parte del gobierno. Es por ello que nos hemos constituido en intermediarios y facilitadores para el acceso a los mismos y no porque el gobierno ni los municipios hayan convocado a las organizaciones que tenemos contacto directo con las personas que lo necesitan”.

“Los mecanismos que ha dispuesto el gobierno no son accesibles, al menos no contemplan a todo el universo de las PCD de la provincia. Se necesitan recursos tecnológicos a los que no todas las PCD o familias tienen acceso (obviamente por razones económicas) y herramientas tales como conocimiento en el uso de internet (que muchos no tuvieron la posibilidad de desarrollar, ya sea porque su discapacidad se lo impide o porque nunca tuvieron acceso a esa tecnología) para acceder a la página. Comunicarse vía telefónica es prácticamente imposible”, expresó.

Indicando que “Por otro lado, no se ha difundido de manera eficiente el trámite para solicitar y acceder a estos bolsones, ni las fechas de entrega en caso de lograr la solicitud. En este contexto, hemos confeccionado varios listados convirtiéndonos en nexo entre el gobierno y la gente, con suerte dispar. Algunos nunca recibieron el alimento, otros solo alimentos secos, la mayoría ha recibido solo una entrega cuando ya se ha cumplido más un mes de cuarentena”.

Pero además advirtió que “Ni el Ministerio de Desarrollo de la Nación, quienes nos pidieron ayuda porque no tienen banco de datos, ni el gobierno provincial, ni los municipios logran dar respuesta a esta realidad acuciante”.

En otro orden señaló que “Un capítulo aparte de esta nueva vulneración de derechos de las personas con discapacidad es la manipulación de la opinión pública en relación a las pensiones RUPE. Pese a los reiterados pedidos de esta comisión y las expresiones de buena voluntad de los representantes del gobierno, el monto de las pensiones se mantiene en los mismos valores que en 2019, es decir, $20.249,24”.

“El gobierno anunció, luego del acuerdo salarial con ATE, que se incluía allí un aumento que llevaría el monto de la pensión a $30.000 y que eso representaba el reconocimiento pleno del derecho a los pensionados RUPE. Tan falsa una cosa como la otra. Ni cumplió el acuerdo con ATE, ni llevó a $30.000 el monto de la pensión. Por otra parte incumplió la Ley Provincial 712 que es la que establece cuánto debe pagarse una pensión RUPE. Nada tenían que negociar con ATE a ese respecto”, sentenció.

Advirtiendo además que “para continuar con la seguidilla de engaños, luego del pago de las pensiones de este mes, sin actualizar el monto, el gobierno comunicó mediante gacetilla que “en los próximos días” se liquidaría “el complemento”, sin aclarar fecha y monto exacto y provocando mayor ansiedad e incertidumbre”.

Para terminar indicó que reclaman “el cobro inmediato por boleta complementaria, cuyo monto deberá ser de aproximadamente$15.000 en concordancia con lo que establece la ley”. Refiriéndose además a las dificultades que les genera a las personas con discapacidad el hecho de que tengan que concurrir a la farmacia de la OSEF, para acceder a la cobertura del 100% de los remedios.