EL COMUNICADO PÁRRAFO POR PÁRRAFO

La pandemia de Coronavirus que atraviesa el mundo está generando una gran crisis económica global, y esta coyuntura encontró a la industria electrónica argentina en una situación de fragilidad que agrava fuertemente el escenario actual y futuro para las empresas y para toda la cadena de valor.

Esa fragilidad de la industria en estos meses es mejor a muchas anteriores. Cuando analizamos los gráficos de producción y empleo de los últimos diez años, el primer cuatrimestre del año siempre fue el más magro en cuanto a esa relación de productos por trabajadores. Distinto sería que esta crisis nos hubiera agarrado en septiembre, junto con las “campañas de superproducción” que se dan luego de la recomposición general del salario y en consecuencia en el consumo también.

Algunos analistas estiman que el 80% del gasto total de la economía argentina no se está haciendo durante el período de aislamiento. Adicionalmente, en el sector de electrónica de consumo, que fabricamos en nuestra Provincia de Tierra del Fuego, hace veinte meses que los indicadores de ventas y producción están en caída. Las fábricas tienen un 57% de capacidad ociosa promedio y el 2019 cerró con los niveles de producción más bajos de la última década.

En comparación de la mano de obra, la caída fue proporcional. En los últimos dos años se acortaron los procesos productivos de celulares y aires acondicionados a pedido de la cámara empresarial y en concordancia con el Gobierno de Cambiemos-UCR, afectando la mano de obra considerablemente. Ahí está la capacidad ociosa de la que habla.

A través de una adenda al acuerdo marco desvincularon por “baja performance” a miles de operarios y operarias. Llegando incluso a despedir a fines del año pasado a 47 trabajadores de Mirgor, algunos catalogados como activistas. 

En Tierra del Fuego, el período de asilamiento obligatorio comenzó una semana antes que en el resto del país. Desde hace ya 19 días las empresas de la industria electrónica no producen y no facturan y aún no existe una fecha cierta para reiniciar la actividad, más allá del límite al asilamiento actualmente establecido por el Gobierno Nacional.

Vale agregar que el sector gremial venia discutiendo desde hacía ya tres semanas por las noticias que salían desde diversos medios. Incluso en las fábricas de celulares como por ejemplo Brightstar Fueguina, había suspendido debido a que la provisión de insumos en este producto exclusivamente, llega por vía aérea.

Otro detalle a tener en cuenta es la necesidad de que los establecimientos dispongan de un protocolo específico a la zona que tenemos, ya registrada como una provincia de transmisión comunitaria del COVID-19 y frente al periodo invernal más largo del país. Razones que impulsaron, al igual que la decisión del gobernador -anticipada a la del Gobierno nacional-, a los trabajadores a retirarse de las fábricas unas horas antes al anuncio provincial.

Asimismo, todas las medidas paliativas que fueron anunciadas por el gobierno, especialmente para las empresas de la cantidad de personal de las nuestras, son de compleja implementación, pudiendo llegar a tener efectos, en el mejor de los casos, en el mediano o largo plazo. Lo cierto es que frente a la urgencia su efectividad es relativa.

Ese relativismo es justamente la falta de empatía y compromiso que se necesita para que las cosas relativas ante una pandemia, fluyan de forma positiva. En sus estructuras de costos, la mano de obra directa no supera más del 12 por ciento promedio, respecto al precio de góndola de todos los productos. No poder disponer de dos meses de reservas acumuladas para sostener sueldos, significa que han tenido una muy mala faena empresarial ante semejante rentabilidad y que no son confiables para nadie, incluso ni para el propio mercado.

Sin ventas y con obligaciones de pagos, la industria electrónica de Tierra del Fuego se encuentra en una situación límite, con pocas posibilidades de sobrellevar esta crisis. Desde el sector empresario estamos realizando gestiones frente a las autoridades para que, en la medida de lo posible y siempre privilegiando la salud de la población, se pueda reanudar al menos parcialmente la fabricación de productos esenciales para el hogar. En este sentido, estamos trabajando en el desarrollo de un protocolo de higiene y prevención para cuidar la salud de nuestros colaboradores y por ende de todos los fueguinos cuando sea posible retornar a la actividad. Pero estas iniciativas, por si solas no alcanzan.

Hay una evidente contradicción sobre la falta de ventas y el pedido de generar que los productos sean considerados como “esenciales para el hogar”. Si se libera la fabricación, ¿las ventas aumentarían? Si analizamos el primer el párrafo, la respuesta es “no”.

Hay que instrumentar un protocolo de salud, sin que este sea aplicado de forma extorsiva ni tampoco que resulte ser un “laboratorio” para la solución del resto de las actividades que tienen particularidades y se asocian en gran escala entre las fábricas y la sociedad.

Sin dudas hay que volver a producir. Pero debe ser materia de análisis entre los organismos competentes, acompañando a “esa curva de contagio” que se busca a nivel nacional y que se ha demostrado, que en caso de que fracasemos, colapsaría el sistema de salud. 

El riesgo en caso de que le sector metalúrgico -muy particular de la industria fueguina-, con establecimientos que tienen diferencias estructurales y políticas de recursos humanos tan distantes de cuidar a la salud, debe ser sometida a una auténtica y profunda concientización bien planificada a raíz de una nueva metodología de trabajo, donde la salud ocupe el lugar que siempre mereció y que evitemos correr el riesgo de un brote de contagio en lugares tan concentrados, que sin dudas se tornaría masivo.

Así como en las circunstancias críticas de 2017 llevamos a cabo el “Acuerdo por la Productividad y el Empleo” entre las empresas, los gremios y el gobierno, desde hace ya varias semanas estamos en constante evaluación de la situación general y en conversaciones con autoridades y los representantes de los trabajadores para analizar en conjunto posibles soluciones que viabilicen la continuidad de las empresas y con ella la del empleo.

El acuerdo que congeló el salario por dos años de las y los metalúrgicos, devaluando al 50 por ciento sus ingresos y el resto de las economías satélites; ese acuerdo que debería haber sostenido los casi 11 mil puestos de trabajo que había en el 2017, hoy solo deja cerca de 6 mil familias con un ingreso metalúrgico en sus mesas y que se reparten en el comercio, en el estado y en los miles de trabajadores de la economía informal. Ese acuerdo, vigente hasta julio, justamente demuestra que los sueldos siempre deben estar garantizados. 

Confiamos en poder consensuar alternativas que puedan mitigar los efectos negativos de esta coyuntura y, cuando finalmente llegue el momento, poner en marcha nuevamente las fábricas. Es fundamental que todos asumamos el compromiso que nos toca y que los representantes de cada sector estén a la altura de las circunstancias para lograr atravesar este durísimo desafío.

Los y las fueguinas, los trabajadores de toda la industria de la provincia, necesitan que garanticen los puestos de trabajo, los sueldos al 100 por ciento -rechazando el miserable gesto de algunas empresas en pagar solo el 70 para los haberes de marzo-; y el compromiso social de la única clase empresarial pudiente, que en comparación con el resto del país, no paga Ganancias, ni el IVA.

Los empresarios fueguinos deben replantearse como quieren ser recordados ante una pandemia, para luego exigir los privilegios que tienen gracias al subregimen de promoción económica y fiscal que los habilita.

El movimiento obrero exige que se cumplan los decretos vigentes y que paguen la totalidad de los sueldos de los y las trabajadoras para llevar la tranquilidad a las familias que, lejos de irse de vacaciones, están al resguardo de su salud. También repudió por las redes sociales, la idea de pretender generar un “banco de horas a devolver” extorsionando a los trabajadores como hicieron con los 220 PPD de Mirgor.

Las razones de fuerza mayor deben pagarla los que tienen el poder acumulado que generaron. No los trabajadores y las trabajadoras que deberán sacrificar los fines de semanas y jornadas extraordinarias para compensar días de cuarentena. Un daño económico no puede ocasionar un daño colateral en cuanto a lo único positivo que nos deja la pandemia, como es el fortalecimiento de los lazos sociales y humanos que nos enseñó el aislamiento en familia y la dignidad de haber comprendido que la salud es una prioridad.  

En su comunicado dijo una sola vez la palabra “salud”, en el mismo párrafo donde asegura que ese gen esencial para los humanos, lo descubrió ahora en “los productos para el hogar”. Esto hace dudar si la situación de crisis, a gritos de pandemia, no esconde el hecho de querer evitar pagar, al menos algo.

Esperemos que si todo vuelve a la “normalidad”, ese concepto también sea tenido en cuenta para mejorar las condiciones laborales y los aplastados salarios de sus “colaboradores”. Al fin y al cabo, colaborar es una acción mutua, comenzando por los que más tienen.