En su informe, la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma informó que se habló con los funcionarios provinciales sobre la “Necesidad urgente de revisar y reformular los criterios de prestación del servicio de transporte para PCD ( Personas con Discapacidad) dependiente de la Secretaría de Discapacidad y Adultos Mayores, tanto en el aspecto operativo de traslado y distribución horaria, como en la capacitación y designación de personal formado para atender a PCD y la adecuación de las unidades móviles a los estándares que establece la ley”.

Además plantearon la “Urgencia en la derogación de la normativa impuesta por la anterior gestión, fundamentalmente las resoluciones 65/16 y 92/16 MJG que obligan a lxs beneficiarixs RUPE a cumplir con requisitos inconstitucionales para evitar la suspensión o baja del beneficio; también la necesidad de derogar la Ley Provincial 1072 y reemplazarla por otra acorde a los convenios internacionales a los que nuestro país adhiere y que tienen rango constitucional”.

Igualmente expresaron la “Necesidad de impulsar a una comisión interministerial en la que se incluya a todos los estamentos del estado, incluida la OSEF y el sistema judicial, a fin de atender con una mirada inclusiva los vínculos entre el Estado y las PCD”.

Como así también la “Implementación de programas de capacitación y concientización sobre la Discapacidad y las barreras sociales a las que son sometidas las PCD, tanto al personal asignado a la atención y administración de reparticiones públicas como a la población en general”.

Sobre el monto de las pensiones RUPE, durante la reunión con los funcionarios gubernamentales se realizó el reclamo de actualizar el monto de las mismas. Vale mencionar que el acuerdo paritario con ATE se realizó horas después de la reunión de la Comisión de Discapacidad con los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Humano.

Durante las asambleas, analizaron las personas con discapacidad y sus familiares “con preocupación el acta paritaria, ya que en la misma se establece el valor de las pensiones en $30.000 como parte del acuerdo y no la equiparación al sueldo bruto por todo concepto de la Categoría 10 PAyT como lo establece la ley”, expresa el informe.

Finalmente dijeron que “Se analizaron acciones a realizar en ese sentido, y se acordó realizar un pedido formal al Gobernador de la Provincia”.