La resolución dice que se analizó la “violación por la empresa de la conciliación obligatoria”, asegurando que la misma “se encuentra documentada a fojas 105/119”. Después se refiere a la “incorrecta liquidación de los haberes de los trabajadores, la cual debe ser integral (progresiva) y no regresiva o de estancamiento”.

En ese mismo sentido se expresa que la liquidación de haberes debe “integrar todos y cada uno de los rubros que en forma habitual y ordinaria percibían los trabajadores, por ser derechos adquiridos durante la relación laboral”.

Igualmente dice el escrito emanado desde el Ministerio de Trabajo que “en referencia a los aportes e importes que correspondan a cargas sociales y previsionales de los trabajadores, se deberán cumplir inexorablemente conforme normativa nacional vigente y dirimir cualquier modificación ante las autoridades y entes nacionales correspondientes”.

También se deja expresado que “este ministerio no avala ni consiente acuerdos por los cuales se vean afectados los derechos constitucionales de los trabajadores en referencia a la percepción de sus salarios, debiendo abstenerse de realizar modificaciones al salario real normal y habitual que perciben los trabajadores que por imperativo legal corresponden, debiendo en todo caso requerir la anuencia y conformidad de la Secretaría de Trabajo de la Nación”.

Finalmente se anuncia la liberación de las partes, al entender que la vía de la conciliación obligatoria se encuentra agotada, aunque advirtiendo que se elevarán los correspondientes informes al Departamento de Multas y Sumarios, para que resuelvan al respecto.