Gustavo Vidaurre, una persona con discapacidad, contó la serie de inconvenientes que tuvo que atravesar para sostener la pensión RUPE que le suspendieron durante varios meses, por una evaluación donde le bajaron el porcentaje de discapacidad que realmente tiene. En una entrevista durante la emisión del programa radial “Desde las Bases”, Vidaurre relató que “en el año 2013 gestioné el certificado de incapacidad, me otorgaron el 66%, y se determinó que me correspondía pensión y no trabajo”.

Dijo que le otorgaban la pensión “Precisamente por ese porcentaje que tenía, yo no pasó un preocupacional, tengo ocho clavos en la columna y convulsiones. No me dan trabajo a nivel privado en ningún lugar y, según la Ley de Discapacidad, si el porcentaje es menor el gobierno me tendría que proveer un trabajo pero si es mayor corresponde la pensión”, aclaró.

Vidaurre explicó que tardó más de un año “para que me otorgaran ese certificado y que saliera la pensión, eso fue entre el año 2013 y 2014 pero cuando pedí que me hicieran la junta médica me bajaron del 66% al 47%. Después yo tenía 10 días para apelar eso, pero convengamos que no era que yo me había curado ni había mejorado”.

“Tengo dolores en forma casi permanente, era un momento en el cual estaban sacando las pensiones y recurrían a ese método. Bajaban el porcentaje de discapacidad, para tratar de sacar de la pensión. Entonces yo recurrí esa decisión, el médico que hizo la junta médica era un médico clínico y no tenía la especialidad necesaria para determinar el porcentaje de discapacidad que tengo”, advirtió.

Indicando que “cuando un traumatólogo me deriva a un neurocirujano, para mí fue toda una travesía ir de un lugar a otro. Entonces presente una apelación para que me hicieran una segunda junta médica en fiscalización sanitaria, ya para ese momento me había puesto en contacto con la Comisión de Discapacidad de la CTA, con Marcelo Sánchez, con Diana Román”, mencionó.

Contó que “volvieron a mandarme de una oficina a otra y los plazos se vencían, me tenían como una pelota de ping pong. Pasaron muchos meses pero seguía cobrando, hasta que finalmente me notifican que por no cumplir con los requisitos me iban a sacar la pensión; cuando en realidad ellos no me habían hecho una nueva junta médica”, repasó.

Dijo Gustavo Vidaurre que “recién en el mes de abril, después de haberme cortado la pensión, me hicieron una nueva junta médica. Mientras tanto nosotros seguimos presentando papeles con el acompañamiento de la Comisión de Discapacidad. A todo esto también me quedé sin obra social”, indicó.

Señaló que en el mes de julio del año pasado le dicen “que pida una nueva junta médica y estuve todos esos meses sin cobrar. Yo dejé de cobrar la pensión en septiembre del año pasado y finalmente me hacen una nueva junta médica y me da 67,4 de discapacidad 1,4 más de lo necesario para otorgar la pensión”.

“Para ese entonces ya habíamos planteado un recurso de amparo en el ámbito judicial, mientras tanto yo perdí todos estos meses en los que tendría que haber cobrado la pensión. Si el gobierno me consiguiera un trabajo, más allá del dolor que siento y de toda mi discapacidad, yo lo cumplo. Pero sé que no lo hacen, entonces me pregunto de qué vivo. Sé que hay otros casos similares, que también encuentran respuesta en la Comisión de Discapacidad de la CTA. Por eso se lo agradezco a Marcelo Sánchez, a Diana Román y todo lo que ellos hacen”, remarcó.

Aunque manifestando por último que “lo cierto es que cada cinco años tenemos que presentar este certificado y caemos en la misma incertidumbre, cuando la discapacidad que tenemos es en forma permanente. Entonces se sabe que no va a haber marcha atrás, que no nos vamos a curar. Sin embargo nos hacen pasar por esta situación de incertidumbre cada cinco años, con todo lo que esto significa”, concluyó Vidaurre.