El fiscal federal de la ciudad fueguina de Río Grande, Marcelo Rapoport, con la asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, requirió la detención y declaración indagatoria de 26 militares respecto de 22 hechos de vejámenes.

Es la primera vez que en esta causa se piden detenciones por hechos que, para el fiscal Rapoport, constituyen “crímenes de lesa humanidad” cometidos como “parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra jóvenes reclutados y trasladados a la guerra del Atlántico Sur”.

Entre los oficiales y suboficiales de diverso grado militar requeridos por la Fiscalía, el de mayor rango es el general retirado Omar Edgardo Parada, uno de los jefes militares para los que pidió sanciones por su actuación en Malvinas el Informe Rattenbach, elaborado poco después de finalizado el conflicto.

En la acción penal se investigan delitos cometidos en la isla Gran Malvina, “específicamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú” que encabezaba el Regimiento de Infantería 5, dependiente de la III Brigada de Infantería, cuyo jefe era Parada.